Exigen un debido proceso y la libertad para un activista indígena detenido en El Salvador

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San Salvador, 3 sep (EFE).- El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (Moviac) y la Red de Territorios de Vida (Ticca) de El Salvador exigieron este martes un debido proceso y la libertad del defensor de derechos humanos indígena José Iván Arévalo Gómez, detenido el pasado 29 de agosto en el contexto del régimen de excepción.

"Queremos hacer ver que él es una persona indígena y consideramos que es una persona que no ha cometido ningún delito, entonces es inocente y queremos que las autoridades tomen en cuenta eso", apuntó en una conferencia de prensa Amado Ramos, miembro de Ticca.

Ramos sostuvo que "el régimen de excepción está afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades más desprotegidas de este país".

"Queremos demandar el debido proceso, pero principalmente hacer ver que es inocente", subrayó.

Explicó que Arévalo es acusado de agrupaciones ilícitas, pero "consideremos que es totalmente falso", apuntó, por lo que llamó a respetar sus derechos humanos.

Mirna Juárez de Arévalo, esposa del defensor detenido, dijo que la lucha de su pareja ha sido "para proteger a los pueblos indígenas".

"Estamos pasando una situación bien difícil, en la situación del país no están respetando los derechos, no están siendo justos, no sabemos la situación en la que él se pueda encontrar", indico Juárez.

El régimen de excepción se aprobó en el Congreso tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

De acuerdo con cifras oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales y tiene una amplia popularidad.

Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE

hs/fa/afcu

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