El expresidente Hernández critica eliminación de extradición con EE.UU. y pide regular el proceso

Tegucigalpa, 29 ago (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y el uso de armas tras ser extraditado, cuestionó este jueves al Gobierno de Xiomara Castro por finalizar el tratado de extradición con EE.UU. y abogó por una ley que regule el proceso.

En una carta divulgada en las redes sociales por su esposa, Ana García, Hernández indicó que "jamás" se le ocurrió denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, a pesar de los "rumores de que podría ser acusado injustamente" y de las amenazas de "vengarse" de narcotraficantes que huyeron del país centroamericano por miedo a ser capturados.

El Gobierno de Honduras notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de "dar por terminado" el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la Embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

"Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente, y en el país más violento del mundo, impulsé y logré en el 2012, durante mi presidencia en el Congreso (Parlamento), la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición", subrayó Hernández, de 55 años.

Señaló que la reforma constitucional que permitió la extradición de hondureños a solicitud de otros países fue aprobada "a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes, y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país".

A las amenazas de narcotraficantes se sumaron "los riesgos para mí y mi familia", enfatizó Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

Precisamente tras concluir su mandato en enero de 2022, Hernández fue arrestado en febrero, y en abril de ese mismo año lo extraditaron a Estados Unidos, donde el pasado junio fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

El expresidente hondureño aseguró que la extradición es un "instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, siempre y cuando se garantice su uso correcto".

Sin embargo, sostuvo que la extradición "es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en una herramienta de venganza, persecución o injerencia".

"La extradición, tanto en su concepto como en su aplicación, conlleva riesgos de cometer errores", pero la solución "no está en eliminarla", sino en tener "una ley que proteja los derechos de los estados y las personas, y que minimicen esos riesgos", enfatizó el exgobernante hondureño.

Destacó la importancia de contar con "normativas adecuadas y magistrados justos", y reiteró que "el tiempo nos está dando la razón: soy inocente,  he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá".

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, señaló este jueves que su país dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos porque temen que el mecanismo sea utilizado como un "arma política" contra funcionarios del gobierno.

Dijo además que el Gobierno hondureño teme que Estados Unidos solicite en extradición a algún alto funcionario o militar de Honduras "basado en temas puramente políticos".