Bangkok, 13 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia tiene previsto pronunciarse el miércoles sobre el caso que amenaza con la destitución del primer ministro, Srettha Thavisin, días después de que los mismos jueces decidieran disolver el partido reformista Avanzar por un caso no relacionado.
El dirigente está acusado de violar un código ético ministerial por nombrar a finales de abril como ministro de Finanzas a Pichit Chuenban, quien fue condenado en 2008 a seis meses de prisión por un delito de intento de soborno a funcionarios judiciales.
La denuncia fue presentada ante la corte por un grupo de 40 senadores, elegidos a dedo por la extinta junta militar (2014-2019) y que terminaron en mayo su mandato, al considerar que el dirigente "sabía o debería haber sabido que Pichit carece de cualificación" para asumir el cargo debido a su condena.
Los jueces del tribunal aceptaron la denuncia el 23 mayo, dos días después de la dimisión del propio Pichit, un abogado cercano al influyente exmandatario Thaksin Shinawatra, que regresó el pasado agosto de un exilio de 15 años.
Por su parte, Srettha, que lleva un año en el cargo, mantiene su inocencia al defender que su exministro ya había saldado las cuentas con la justicia y su nombramiento siguió los procedimientos legales.
El partido Phue Thai, por el que fue candidato el actual dirigente, fue la segunda formación más votada en los comicios del año pasado (en los que se impuso Avanzar) y consiguió gobernar gracias a una incomoda alianza con varias formaciones conservadoras, incluidas dos vinculadas a la extinta junta militar, sus antiguos enemigos.
En caso de que Srettha sea condenado, sería destituido y provocaría la caída de todo su gabinete, conformado por una diversa coalición de 11 partidos y que podría abrir una encarnizada lucha de poder.
Ante este escenario, la Cámara de Representantes deberá elegir a un nuevo líder, para lo cual no cuenta con límite de tiempo y que podría sumir al país en la parálisis.
Esta decisión crucial para la estabilidad llega tan solo una semana después de que el mismo Tribunal Constitucional ordenara disolver a Avanzar, que no pudo gobernar pese a ganar los comicios del año pasado, al considerar que su propuesta de reformar la ley que protege a la poderosa Casa Real tailandesa representa una "amenaza para la monarquía constitucional".
El veredicto además inhabilitó a los once miembros del comité ejecutivo de Avanzar para ocupar un cargo político durante los próximos 10 años.
Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Alemania, entre otros países, criticaron esta dura sentencia y alertaron del proceso de retroceso en la restauración democrática en Tailandia.
A pesar del duro golpe, el movimiento progresista se reagrupó el viernes bajo la bandera de un nueva plataforma, bautizada como el Partido del Pueblo (Prachachon, en tailandés) y que con 143 diputados se mantendrá como el partido mayoritario en el Parlamento.
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