Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- El nuevo Gobierno panameño, con un mes en el poder, se ha posicionado de forma clara sobre la crisis en Venezuela, rechazando los resultados de las elecciones divulgados por el ente electoral como "fraudulentos", una postura que se suma a una enérgica actividad internacional que contrasta con el anterior Ejecutivo, más neutral y pasivo.
Horas después de que en la madrugada del 29 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunciara la reelección de Nicolás Maduro como presidente del país sin publicar las actas que lo avalaran, el jefe del Estado panameño, José Raúl Mulino, anunció que ponía en "suspenso" las relaciones diplomáticas con Caracas "hasta que no se realice una revisión completa de las actas" de los votos.
Mulino, de 65 años y quien luchó contra la dictadura que asoló a Panamá entre 1968 y 1989, recordó los días de tiranía en su país y cómo entonces, dijo, los gobiernos del continente miraban a otro lado, algo que, sostuvo, él no podía hacer frente a la situación venezolana.
Y este viernes, cuando el CNE ratificó que Maduro ganó la reelección aunque, nuevamente, sin presentar las actas de votación ni abrir un proceso para contrastar los resultados, Mulino anunció que Panamá se unía al reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como electo presidente de Venezuela.
El CNE ratificó el viernes que Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de González Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas.
González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado hicieron, sin embargo, públicas un 81 % de las actas de votación que dan como ganador al candidato opositor con el 67 % de los votos, frente a un 30 % obtenido por Maduro.
El nuevo impasse diplomático entre Panamá y Venezuela tiene como telón de fondo la crisis de migrantes venezolanos, que representan la gran mayoría de los centenares de miles de viajeros irregulares que llegan al país centroamericano tras cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su camino hacia Estados Unidos.
La permanencia de Maduro en el poder hace prever una nueva ola de migrantes venezolanos, han alertado diversos sectores, que temen un agravamiento de la crisis humanitaria aparejada.
No es la primera vez que Panamá y Venezuela viven momentos de tensión que han incluido, como ahora, la suspensión de vuelos comerciales entre ambos países, una situación que afecta a miles de pasajeros, complica el abastecimiento en el país suramericano y genera pérdidas económicas millonarias.
En el 2013, el entonces presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) destituyó a Guillermo Cochez como embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por las críticas "inconsultas" que vertió por la situación interna de Venezuela, algo que agradeció Maduro, entonces vicepresidente venezolano.
En marzo de 2019, el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) retiró las credenciales a Jorge Durán, el embajador del Gobierno de Nicolás Maduro, y a más de una decena de diplomáticos venezolanos, un día después de la detención del jefe del despacho de Juan Guiado, quien se había proclamado en enero de ese año presidente de Venezuela.
El Ejecutivo de Varela reconocía además a Fabiola Zavarce como la representante diplomática de Guaidó, una situación a la que puso fin el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Cortizo retiró en enero de 2021 las credenciales a Zavarce como representante diplomática de Guidó. Durante su quinquenio, la cuestión venezolana y en general la política exterior de Panamá entró en una especie hibernación.
Además de la reacción ante la situación venezolana, Mulino ya participó como invitado en una reciente cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) ante el que planteó su intención de asociar al país con este bloque.
Mulino ha hablado además de profundizar más las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de Panamá y su mayor aliado político, así como de retomar la interconexión eléctrica con Colombia, un proyecto de al menos 500 millones de dólares que se remonta a 2009, entre otros.
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