San Salvador, 31 jul (EFE).- Un grupo de familias de personas desaparecidas en El Salvador pidieron este miércoles acciones para que sus casos no queden en la impunidad y denunciaron la falta de respuesta de distintas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En un comunicado conjunto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que "promueva acciones ante las instancias encargadas de aplicar la ley, para que los casos no queden en la impunidad".
Carmen Argueta, madre de Herbert Argueta, quien desapareció el 4 de agosto de 2021, dijo en una conferencia de prensa que las familias también piden a la Fiscalía General de la República "defender los intereses de las víctimas, retomando los casos de personas desaparecidas para dar con su paradero e identificar a los responsables".
Entre las solicitudes de estas familias también está que la Corte Suprema "pronuncie a la brevedad una resolución fundamentada de las demandas de amparo interpuestas".
"Las resoluciones que la Sala (de lo Constitucional) emita debieran contemplar una valoración integral del entorno de cada caso, en función de sentar un precedente en el país, a fin de generar las condiciones de seguridad jurídica y de justicia a las víctimas de desaparición", indicó la mujer al leer el comunicado.
Dina Martínez, de la dirección de Acceso a la Justicia de Fespad, dijo a periodistas que son cuatro demandas de amparo presentadas ante la Corte Suprema por cinco víctimas, de las que únicamente se ha resuelto parcialmente una.
"Fue parcialmente porque solo resolvió que Fiscalía reiniciara las investigaciones y que informara de las investigaciones a las familias" pero "todavía no se da con el paradero de la víctima y tampoco se ha identificado a las personas responsables", comentó Martínez en la conferencia de prensa.
Sandra Martínez de Landaverde, cuyo hijo Miguel Ángel Martínez tiene 11 años de desaparecido, manifestó que no ha tenido respuestas de sus requerimientos de información y acción al Estado.
"Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta" y "creo que no es justo que nos tengan así y no tener una respuesta", lamentó.
En El Salvador, las cifras de las personas desaparecidas, cementerios clandestinos y cualquier tipo de violencia fueron puestas bajo secreto por las autoridades de seguridad, la Policía y la Fiscalía, por lo que no se conocen las estadísticas oficiales de estos casos.
Según datos de Fespad, entre 2019 y junio de 2022 se registraron 6.443 casos de personas desaparecidas, de las que 2.400 no han sido localizadas.
La Fiscalía General recibió en algunos de los años más violentos en El Salvador, entre 2014 y 2019, más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas.