Bruselas, 30 jul (EFE).- La Comisión Europea recordó este martes a Grecia que los Estados miembros deben "facilitar unas condiciones de recepción adecuadas", tras un informe de Amnistía Internacional (AI) que denuncia, entre otras cosas, el abandono de grupos de migrantes en islotes de la frontera entre Grecia y Turquía.
"Estamos al tanto del informe. Los Estados miembros deben facilitar unas condiciones de recepción adecuadas, en línea con las reglas europeas", dijo la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.
Recordó que eso es precisamente lo que busca el nuevo pacto europeo de migración y asilo, que aspira a crear sistemas más justos y eficientes que garanticen una efectiva solidaridad.
Por otra parte, Hipper señaló sobre Grecia que la CE "ha seguido apoyando a las autoridades griegas para mejorar las facilidades de recepción, las condiciones de vida y la seguridad y para crear alojamiento tanto en el interior de Grecia y las islas, además de pagar los gastos médicos para los migrantes".
El informe denuncia asimismo que las autoridades griegas siguen realizando devoluciones en caliente de migrantes y refugiados en el Mar Egeo, al tiempo que ejercen represión contra las ONG que los ayudan.
En su informe 2022/2023 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI indica que en Grecia se producen detenciones ilegales de solicitantes de asilo en la isla de Samos, así como el abandono de grupos de migrantes en islotes del río Evros, frontera entre Grecia y Turquía, "en condiciones espantosas".
Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había ordenado medidas cautelares a favor de los refugiados, las autoridades griegas optaron por dejarlos a la deriva o devolverlos en caliente a Turquía, señala el informe.
Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cita el informe, el año pasado 326 migrantes murieron o desparecieron en el Mediterráneo Oriental, frente a 115 en 2021.
En el informe se denuncia, igualmente, la "criminalización de la ayuda humanitaria" en el país, ya que siguen abiertos varios casos penales contra voluntarios de ONG que abogan por los derechos de los refugiados.
Otro punto de crítica es el cese en febrero de un programa financiado por la Unión Europea que otorgaba viviendas a solicitantes de asilo, que resultó en el traslado de varios de ellos a campos en zonas aisladas. EFE
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