Acusados de terrorismo 36 miembros de un partido opositor de Uganda

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Más de una treintena de miembros del partido opositor Foro por el Cambio Democrático (FDC) de Uganda han sido acusados de terrorismo este lunes después de haber acudido a Kenia, país con el que comparte frontera al este, para una supuesta formación de mejora de habilidades de liderazgo y comunicación. "La Fiscalía alega que entre el 22 y 23 de julio de 2024, el grupo, junto con otros que aún se encuentran prófugos, viajó desde varios lugares de Uganda a Kisumu, en Kenia, para proporcionar o recibir entrenamiento terrorista", ha declarado el fiscal general, Richard Birivumbuka. Los 36 miembros --34 hombres y dos mujeres-- han comparecido durante la jornada ante el Tribunal de Magistrados de Nakawa y, posteriormente, han sido enviados a prisión preventiva hasta el 31 de agosto en Luzira, suburbio ubicado en el sur de la capital ugandesa, Kampala, según ha informado el diario 'Daily Monitor'. Estos opositores, que han negado las acusaciones, fueron detenidos y deportados desde Kenia, donde habían sido "debidamente autorizados" por las autoridades locales. Después, sus alojamientos fueron "atacados violentamente", según indicó el destacado opositor ugandés Kizza Besigye. En esta ocasión, tras la acusación de terrorismo contra los miembros de FDC, el líder opositor ha señalado a través de su perfil en la red social X que "lo que todos los tiranos nunca parecen entender es que su crueldad e injusticias sirven como combustible para los activistas por la libertad". Estos hechos han coincidido con una protesta convocada por la coalición opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP), encabezada por Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, contra la corrupción en Kampala que se saldó con decenas de arrestados. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, aplaudió las detenciones y argumentó que los manifestantes "planeaban cosas muy malas" contra la población. Museveni, quien lleva en el cargo desde 1996, se hizo con un sexto mandato en enero de 2021 en unas elecciones que Kyagulanyi consideró que fueron fraudulentas, en medio de lo que sus críticos consideran como un aumento de la represión y de su deriva autoritaria al frente del país africano.

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