Amnistía denuncia un "flujo constante" de armas que alimenta la guerra entre el Ejército y las paramilitares RSF

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este jueves la existencia de un "flujo constante" de armas a Sudán, en violación del embargo de armas impuesto sobre la región de Darfur (oeste), que está alimentando la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y que ahonda el "sufrimiento sin tregua" de los civiles en el país africano. El informe 'Nuevas armas alimentan el conflicto en Sudán' documenta la transferencia de armas extranjeras de reciente fabricación a Sudán, un país que estaría importando armas y municiones recientemente fabricadas o transferidas de países como China, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Rusia, Serbia, Turquía y Yemen. "El flujo constante de armas hacia Sudán sigue causando la muerte y el sufrimiento de civiles en una escala inmensa", ha manifestado el director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Deprose Muchena. "Según revela nuestra investigación, han entrado armas en el país que se han puesto en manos de combatientes acusados de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Hemos rastreado metódicamente una variedad de armas letales, incluidas pistolas, escopetas y fusiles, que las fuerzas enfrentadas están utilizando en Sudán", ha explicado. Así, Muchena ha subrayado que "es evidente que el embargo de armas en vigor, que en la actualidad sólo se aplica a Darfur, es totalmente insuficiente y debe actualizarse y ampliarse para abarcar todo Sudán". "Es una crisis humanitaria que no se puede ignorar. Ante la grave amenaza de hambruna, el mundo no puede seguir fallando a la población civil de Sudán", ha argumentado. Amnistía Internacional ha asegurado que hasta el momento ha podido documentar víctimas civiles en ataques indiscriminados y directos contra la población civil y ha añadido que ha analizado más de 1.900 registros de dos proveedores de datos comerciales para estudiar la presencia de armamento extranjero en el país africano. En este sentido, ha explicado que ha podido identificar armas ligeras y municiones recientemente fabricadas o transferidas desde varios países y ha detallado que las partes en conflicto han utilizado durante la guerra avanzados inhibidores de drones, morteros y fusiles fabricados en China. Además, las RSF han empleado vehículos blindados fabricados en EAU. Además, empresas turcas han exportado cientos de miles de armas de fogueo a Sudán durante los últimos años que podrían estar siendo manipuladas para ser convertidas en armamento letal, lo que indica la necesidad de un control "más estricto" de este comercio, "en gran medida no regulado", tal y como ha argüido la ONG. A ello se suma el desvío de armas ligeras normalmente destinadas al mercado civil hacia las fuerzas gubernamentales y las RSF, incluidas las exportadas por Turquía y Rusia. Así, fusiles fabricados por la rusa Kalashnikov Concern, habitualmente destinadas a uso civil, se han vendido a traficantes de armas vinculados a las fuerzas paramilitares. AMPLIACIÓN DEL EMBARGO DE ARMAS A TODO SUDÁN Por ello, Muchena ha argumentado que "el Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar urgentemente el embargo de armas al resto de Sudán" y "reforzar sus mecanismos de vigilancia y verificación", al tiempo que ha reseñado que "tal ampliación debe servir para vigilar las transferencias internacionales y prevenir el desvío ilícito de armas al país con eficacia y debe abarcar toda clase de armas posibles para combatir el desvío generalizado de escopetas, rifles de caza, armas de fogueo y municiones conexas hacia Sudán". Muchena ha abundado además en que los Estados parte del Tratado de Comercio de Armas, como China y Serbia, estarían incumpliendo sus "obligaciones jurídicas" al suministrar armas a Sudán, acciones con las que "socavan el marco jurídicamente vinculante que regula el comercio mundial de armas". Por ello, ha reiterado que "dados los graves y continuos riesgos para los Derechos Humanos, todos los Estados y empresas deben suspender de inmediato el suministro de toda clase de armas y municiones a Sudán, incluidos el suministro, venta o transferencia de armas y material militar, directo o indirecto, incluidas tecnologías, piezas y componentes conexos, asistencia técnica, formación y asistencia económica o de otro tipo". "Los Estados deben asimismo prohibir de manera explícita la transferencia a Sudán de armas de fuego para uso civil, documentadas repetidamente por Amnistía Internacional en manos de las partes del conflicto", ha apostillado Muchena. La guerra estalló el 15 de abril tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir después de 30 años en el poder a raíz de un golpe de Estado militar en abril de 2019.