Activistas piden profundizar aplicación de la ley contra la violencia machista en Bolivia

La Paz, 24 jul (EFE).- Activistas de Bolivia abogaron este miércoles por profundizar la aplicación de la ley contra la violencia machista en el país, que reporta 52 feminicidios en lo que va de año, frente a la propuesta de un grupo de senadores oficialistas para modificar esa norma a la que consideran "antihombres".

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, dijo a EFE que Bolivia sigue siendo uno de los países con mayores índices de violencia hacia las mujeres en la región.

"Por eso es que se necesita y se luchó porque haya una ley específica para atender la violencia en contra de las mujeres", afirmó.

Esa norma es la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia', o Ley 348, vigente desde 2013 y que, entre otros aspectos, castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Sánchez, cuya organización agrupa a 26 entidades defensoras de la igualdad de género, mencionó que en Bolivia "cada cuatro días se mata a una mujer por el hecho de ser mujer" y que "cada día se registran 30 denuncias de violencia sexual" con consecuencias como, por ejemplo, el embarazo adolescente.

"¿Y quiénes son los mayores agresores? Son personas del círculo cercano. Entonces es necesario que más bien profundicemos la implementación de la ley en lo que hace a la prevención, la atención y la sanción de la violencia en contra de las mujeres", manifestó.

Desde enero hasta este 24 de julio, Bolivia registró 52 feminicidios, según información contenida en un boletín sobre el estado de situación del derecho a una vida sin violencia para las mujeres elaborado por la Coordinadora de la Mujer, la Comunidad de Derechos Humanos, la Alianza Libres sin Violencia y Ciberwarmis.

El reporte recordó que entre 2015 y 2021 el país superó el centenar de feminicidios por año, con un pico de 130 reportados en 2018.

Desde 2022, el índice bajó del centenar de casos, "sin embargo, llama la atención la saña con la que actúan los agresores", agregó.

De los 52 casos reportados este año, el 62 % de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, el 82 % de las víctimas tenían entre 21 y 40 años de edad y al menos 60 niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de este delito.

El boletín también precisa que entre 2013 y julio de este año, el Ministerio Público ha reportado 1.120 casos de feminicidio, de los que 336 concluyeron con sentencia y hay 784 causas pendientes que representan el 70 %, cifras que corresponden a fallos "en primera instancia".

Desde la promulgación la Ley 348, cada año se han registrado 457.065 denuncias de delitos de violencia enmarcados en esa norma, con un promedio de unos 50.000 casos por año y solo este año se registran 24.800, según la publicación.

El delito más denunciado ha sido la violencia familiar o doméstica que afecta "principalmente a mujeres", lo que revela "una realidad preocupante: el hogar es el espacio más inseguro" para la población femenina, indica el boletín.

El segundo tipo de violencia más denunciado es la sexual, en la que los delitos se han duplicado en el último quinquenio y las principales víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres.

La ley 348 ha estado en la mira en los últimos meses después de que el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijera que es una norma "antihombres" y que "ha destruido familias", y que otra legisladora del mismo partido planteara reformarla por considerarla "complicada" y que "atenta contra los derechos de los hombres".

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, afirmó a EFE que la citada norma "no es una ley antihombres".

"Es una ley que busca dar respuesta a las víctimas de violencia y llevar a los responsables de estos hechos, sobre todo de feminicidio y de violencia sexual a la justicia, a que tengan una sanción y se logre una reparación para las víctimas", sostuvo.

También indicó que algunas críticas que se hacen a la norma no tienen que ver con su contenido, "sino con las deficiencias del sistema de justicia" y otras plantean "regresiones" que son "inadmisibles". EFE

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