La crispación política marca el primer año tras las elecciones en España

Madrid, 22 jul (EFE).- La decisión de un juez de citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una investigación sobre su esposa por denuncias de grupos de ultraderecha agrava la crispación política que ha marcado el primer año transcurrido desde las últimas elecciones generales en España.

Este martes se cumplirá el primer aniversario de los comicios del 23J, un periodo marcado por la tensión sobre la ley de amnistía impulsada por el Gobierno socialista, la corrupción y los pactos del conservador Partido Popular (PP) con el ultraderechista Vox.

Unas elecciones en las que el PP, el partido más votado, se quedó en la oposición mientras Sánchez sacaba adelante su investidura con mayoría absoluta y formaba un nuevo Gobierno de coalición con Sumar (izquierda) y arropado por partidos nacionalistas, como Junts, el grupo independentista liderado por Carles Puigdemont.

La fórmula ha obligado a Pedro Sánchez a negociar cada una de sus propuestas en un delicado equilibrio, como ocurrió con la ley de amnistía -que beneficia, entre otros, a dirigentes independentistas catalanes-, que desató una tormenta política con la derecha y que finalmente entró en vigor tras un complejo proceso de pactos.

Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba a Sánchez de ser rehén de los nacionalistas catalanes, el presidente del Gobierno le reprochaba sus pactos con Vox para gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sánchez culpa también al PP de avalar las desinformaciones y los bulos de la ultraderecha, que llevaron al presidente del Ejecutivo a presentar un plan de regeneración democrática tras tomarse cinco días de reflexión sobre su continuidad por lo que considera una campaña de acoso contra él y su familia.

Una campaña en la que Sánchez enmarca la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias tras denuncias presentadas por grupos ultraderechistas y ultracatólicos.

Después de que Gómez se acogiera, el pasado viernes, a su derecho a no declarar porque su defensa no ve garantías suficientes, el juez del caso ha dado un paso más citando como testigo al presidente del Gobierno, tal como reclamaban las acusaciones populares, dirigidas por Vox.

Pese a que dos informes de la Guardia Civil descartaron irregularidades, el juez investiga a Gómez tras una denuncia de un grupo vinculado con la ultraderecha que pedía aclarar si utilizó su condición de esposa de Sánchez para favorecer a un empresario que colaboró en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

El proceso se ha convertido en un arma política para la oposición, como ya ocurrió con el denominado "caso Koldo" por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia que salpicó a un asesor de un exministro.

A su vez, los socialistas han devuelto las acusaciones de corrupción al PP con el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

El duro enfrentamiento entre Gobierno y PP ha tenido una llamativa excepción: el pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de negociaciones y con la mediación de la Comisión Europea.

El pacto se cerró quince días después de los comicios europeos, en los que el PP resultó ganador, que pusieron fin a un ciclo electoral que en los últimos meses ha llevado a las urnas a los votantes gallegos, vascos y catalanes para renovar sus respectivos gobiernos.

Tras este ciclo, del que Sumar ha salido debilitado, Sánchez tiene la vista puesta en Cataluña, donde se impuso el candidato socialista con una mayoría simple que pone en duda su futuro.EFE

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