Fiscalía de Perú suma 20 casos contra policías y militares por muertes en protestas

Lima, 20 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú llegó este sábado a las 20 investigaciones preparatorias contra policías y militares, al sumar dos casos, por las muertes y lesiones producidas a 274 personas durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 hasta marzo de 2023.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó, a través de sus redes sociales, que el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas en protestas sociales ha sumado dos investigaciones preparatorias a las 18 que ya se encuentran en etapa de formalización.

El primero de los casos incluidos es la investigación por lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional, Segundo Ocampo Aguirre, por los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, que dejaron cuatro heridos.

Asimismo, el segundo caso se remonta al 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la comisaría de Chincheros, en la región Apurímac, donde murió un menor de edad y dos personas resultaron heridas a raíz del enfrentamiento entre manifestantes y policías.

En ese caso son investigados el excomandante general de la Policía Raúl Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac Luis Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján Ruiz; y los oficiales Carlos Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.

A la fecha, la Fiscalía tiene 20 investigaciones preparatorias en Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cuzco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho, que involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos.

Por estos mismos hechos ocurridos al inicio del mandato de la presidenta Dina Boluarte, la mandataria tiene una denuncia constitucional por homicidio, genocidio y lesiones graves, a raíz de las víctimas en las protestas de 2022 y 2023.

Precisamente, un tribunal rechazó el lunes pasado una demanda de amparo presentada por Boluarte para que se anule la investigación por la muerte de cinco personas, y las lesiones de una sexta persona, así como la pesquisa fiscal abierta por estos casos.

Boluarte recurrió al artículo 117 de la Constitución, que otorga inmunidad al gobernante en ejercicio, una prerrogativa que, según argumentó, "busca proteger la gobernabilidad con el objetivo de evitar que el presidente se vea sometido a investigaciones sin fundamento y que perturben su actividad fundamental en detrimento de los intereses de todos los peruanos".

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales.

"Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales", afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.

El informe señaló que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y "minimizó su papel en la represión estatal", se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, "lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno".

"Hubo decisiones conscientes desde el día uno y la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que personas que se manifestaban no tenían vínculos terroristas y que el número de personas no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas. Ella no hizo caso de esa información y pidió elaborar a ministros el estado de emergencia y desplegar las Fuerzas Armadas", indicó Penman. EFE

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