Sebastián Silva
Santiago de Chile, 19 jul (EFE).- El arraigo del crimen organizado suele seguir un patrón habitual en todos los países, advierten expertos en seguridad: primero toman el control de una barriada empobrecida, después atraen y aterrorizan por igual a la población, corrompen a policías y jueces al tiempo que intentan dominar las cárceles, un paso que preocupa en Chile, escenario en los últimos meses de motines y otros actos violentos.
El último ocurrió el pasado 6 junio en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, prisión similar a la nueva que el presidente, Gabriel Boric, dijo el jueves que su Gobierno va a construir, cuando Hernán Landaeta, alias 'Satanás', temido sicario del 'Tren de Aragua', lideró una revuelta de casi una veintena de reclusos que terminó con 12 guardias lesionados y graves daños.
Informes judiciales calificaron el hecho como el "más grave que se ha producido en esta unidad desde la fuga de Hernández Norambuena”, uno de los máximos líderes de la organización radical de izquierdas Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), junto a otros tres hombres en un helicóptero, en 1996.
Además de la revuelta instigada por 'Satanás', un homicida que contaba con dos notificaciones rojas de la Interpol por asesinatos al momento de su detención, el arresto de gendarmes y policías presuntamente involucrados en redes de tráfico de armas y drogas al interior de recintos penales encendieron las alarmas en el país, donde al menos 600 bandas operan desde las cárceles según un informe oficial publicado a principios de año.
Actualmente, en Chile hay cerca de 54.000 presos, el mayor número en la historia del país, y si bien los niveles de hacinamiento no llegan a las alarmantes cifras de Haití, Guatemala o Bolivia, la presión se acumula sobre las 42.000 plazas de capacidad que tiene.
"No sólo hay razones de Derechos Humanos para tener condiciones adecuadas en los establecimientos, no solo razones de reinserción para segregar adecuadamente, sino también razones de seguridad", respondió tras el incidente de junio el ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, a las crecientes demandas de la oposición de nuevas instalaciones "al estilo Bukele", en alusión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Lo cierto es que al día de hoy Chile carece de dicha capacidad de segregación y, aunque Boric prometió 12.000 nuevas plazas para 2030, el ritmo parece lento en uno de los países con tasas de encarcelamiento por sobre el promedio mundial y donde peligrosos criminales ingresan al sistema de forma regular.
"La infraestructura de las cárceles no está preparada para mitigar la articulación de la delincuencia organizada en los recintos penales. Una medida que ha demostrado ser eficaz en el manejo de estas bandas es el aislamiento o la inhibición de espacios que propicien la articulación de redes. Sin embargo, no todas las cárceles lo pueden llevar a cabo", dijo a Efe la directora del Magíster de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, Carolina Valenzuela.
"Sus integrantes buscan replicar en su reclusión su sistema. Por lo tanto, tienen una forma muy distinta de vivir la cárcel, son internos más refractarios y con un compromiso delictual mayor que la población carcelaria común, a la que está permeando, generando un contagio criminógeno al cambiar los códigos carcelarios del delincuente común", enfatizó la especialista.
Tras una serie de homicidios ocurridos en la capital chilena, el mandatario anunció la construcción de un nuevo recinto penitenciario, proyecto que bordea los 90.000 millones de pesos (más de 9 millones de dólares) y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.
Según explicaron especialistas a EFE, no hay evidencia de que tener unas penas más altas disminuya la delincuencia común.
Al contrario, otras experiencias hablan de que las políticas de encarcelamiento masivo lleva a células desconectadas a conocerse y organizarse en consorcios más grandes para enfrentar al Estado.
Si bien Chile se enfrenta a una criminalidad que en otros países opera hace años, no significa que se deban importar modelos de estos mismos Estados, en tanto las condiciones suelen ser muy diferentes.
"El país estaba acostumbrado a un tipo de delincuencia común que atenta mayormente contra la propiedad. Hoy existen organizaciones más sofisticadas que desafían al Estado y están dispuestas a corromper instituciones", dijo a EFE el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.
"El de Bukele es un sistema abierto de atropello a los Derechos Humanos, que no tienen ningún cuidado. No es razonable aplicarlo", enfatizó. EFE
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