Lima, 19 jul (EFE).- El caso del 'Rolexgate' y los muertos en las protestas de 2022 y 2023 seguirán siendo investigados en el Congreso y el Poder Judicial, respectivamente, contra la mandataria de Perú, Dina Boluarte, a raíz de las decisiones adoptadas por ambos poderes del Estado en las últimas horas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió a trámite una denuncia constitucional contra Boluarte por cohecho pasivo en el caso denominado 'Rolexgate', a raíz de los relojes de lujo y otras joyas que lució en ceremonias públicas sin haberlos declarado entre sus bienes.
La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, explicó a los periodistas que la denuncia por el caso Rolex pasará a la Comisión Permanente, antesala del pleno, y luego regresará a este grupo para nombrar a un delegado que se encargue de la investigación y la sustentación final de la misma.
Sin embargo, añadió que, en el caso de que la denuncia constitucional sea finalmente aprobada en el Parlamento, tendrá que ser la Comisión Permanente quien decida su siguiente paso, pues un presidente en ejercicio no puede ser acusado por presuntos delitos de corrupción, según la legislación vigente.
MUERTES EN PROTESTAS
Por otro lado, la misma Subcomisión rechazó una segunda denuncia constitucional contra la mandataria por las muertes producidas en las protestas antigubernamentales de fines del 2022 e inicios de 2023.
Los parlamentarios rechazaron la propuesta de la hoy exfiscal de la Nación (general) Patricia Benavides por las muertes en las protestas con 14 votos en contra y cuatro votos a favor, a pesar del informe que recomendaba dar trámite a la denuncia contra Boluarte por los presuntos delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves.
No obstante, sobre ese caso, la Justicia de Perú rechazó el lunes una demanda de amparo presentada por Boluarte para que se anule la investigación por la muerte de cinco personas, y las lesiones de una sexta persona, así como la pesquisa fiscal abierta por estos casos.
La resolución del tribunal revocó una sentencia en primera instancia, emitida el pasado 27 de marzo, que declaró infundada la demanda y, en este caso, la reformuló para declararla improcedente.
Boluarte recurrió al artículo 117 de la Constitución, que otorga inmunidad al gobernante en ejercicio, una prerrogativa que, según argumentó, "busca proteger la gobernabilidad con el objetivo de evitar que el presidente se vea sometido a investigaciones sin fundamento y que perturben su actividad fundamental en detrimento de los intereses de todos los peruanos".
El pasado 27 de noviembre, la entonces fiscal general peruana Patricia Benavides denunció en el Congreso a Boluarte, al primer ministro de ese momento, Alberto Otárola, y a tres exministros que ocuparon la cartera del Interior durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales.
Esas protestas se presentaron, principalmente, en el sur del país, después de la destitución por el Congreso del entonces presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó dar un golpe de Estado.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondió al informe de AI que lo rechazan, "más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata" en los hechos ocurridos en las protestas. EFE
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