Lima, 18 jul (EFE).- La Justicia de Perú rechazó una demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte para que se anule una denuncia constitucional presentada en su contra ante el Congreso por las muertes durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a enero de 2023.
La decisión fue tomada el pasado lunes, en segundo instancia, por la Segunda Sala Constitucional de Lima, agregó el Poder Judicial en un mensaje publicado este jueves en la red social X.
La resolución del tribunal revocó una sentencia en primera instancia, emitida el pasado 27 de marzo, que declaró infundada la demanda y, en este caso, la reformuló para declararla improcedente.
La medida se tomó ante la demanda que presentó la defensa de la gobernante tras ser denunciada, en noviembre de 2023, por la Fiscalía de la Nación (general) por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
El pedido solicitaba que se archive la investigación por la muerte de cinco personas, y las lesiones de una sexta persona, así como la investigación fiscal abierta por estos casos.
La resolución, que fue difundida por medios, consideró que la demanda se entabló de "manera prematura", porque aún no se han agotado los mecanismos previstos en el proceso penal, lo que impide evaluar si existe una vulneración de derechos.
En su recurso, la gobernante señaló que presentó hasta tres pedidos para que se archive la investigación preliminar abierta por la Fiscalía en su contra pero "ninguno fue atendido en su momento".
Recurrió, en ese sentido, al artículo 117 de la Constitución, que otorga inmunidad al gobernante en ejercicio, una prerrogativa que, según argumentó, "busca proteger la gobernabilidad con el objetivo de evitar que el presidente se vea sometido a investigaciones sin fundamento y que perturben su actividad fundamental en detrimento de los intereses de todos los peruanos".
El pasado 27 de noviembre la entonces fiscal general peruana Patricia Benavides denunció en el Congreso a Boluarte, al primer ministro de ese momento, Alberto Otárola, y a tres exministros que ocuparon la cartera del Interior durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Boluarte, quien ha declarado en dos ocasiones ante la Fiscalía por este caso, respondió que esa denuncia era una "deleznable maniobra política" de Benavides para "distraer la atención" de la ciudadanía.
La entonces fiscal general es investigada por presuntamente encabezar una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público, lo que llevó a que fuera suspendida de sus funciones en diciembre pasado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana.
A fines de mayo, la JNJ la destituyó por considerar que había cometido "graves faltas disciplinarias" al interferir en una investigación abierta a su hermana Enma Benavides, una jueza acusada de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales.
Esas protestas se presentaron, principalmente, en el sur del país, después de la destitución por el Congreso del entonces presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó dar un golpe de Estado.
A lo largo de cuatro meses, sumaron 77 fallecidos y más de 1.000 heridos y, según la Defensoría del Pueblo, 49 de las muertes se produjeron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo y otras 11 personas por los bloqueos de carreteras realizados por manifestantes. EFE
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