Augusto Morel
Buenos Aires, 18 jul (EFE).- La impunidad por el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA) en Buenos Aires cumple este jueves 30 años, tres décadas durante las que familiares y sobrevivientes han reclamado justicia por una causa que todavía no ha logrado sentar en el banquillo a un solo responsable.
A las 9.53 horas (12.53 GMT) del 18 de julio de 1994, una fuerte explosión sacudió el barrio de Once, en Buenos Aires, dejando 85 muertos y más de 300 heridos, además de un rastro de devastación en el que es, hasta hoy, el peor atentado terrorista en la historia de Argentina y de América Latina.
Aunque hasta el momento no ha habido una sentencia definitiva en Argentina que haya declarado probada la participación de Irán en el atentado contra la AMIA, varias resoluciones apuntan a la presunta implicación de funcionarios iraníes, pero no han desembocado en una condena firme.
Según Marina Rosenberg, vicepresidenta senior de la Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, no es "sólo un tema judío", sino un ataque contra todo un país.
"Atacaron un centro comunitario judío, pero no debemos olvidar que este es un ataque contra la República Argentina y contra todas las democracias del mundo, porque también ocurrió en varios países europeos, como en Inglaterra, además del 7 de octubre en Israel", explica Rosenberg a EFE.
Argentina vive una semana plagada de conmemoraciones por el trigésimo aniversario de la tragedia y, así, varias organizaciones internacionales, como el Grupo de Trabajo Global J7 contra el antisemitismo -que reúne a las siete comunidades judías más grandes del mundo (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Argentina, Alemania y Australia)-, llegaron al país.
"Nadie se tiene que olvidar de esas 85 personas ni que hace 30 años estamos esperando que se haga justicia. Ese ataque se trata sí de antisemitismo y odio judío, pero la República Islámica de Irán y sus socios -Hizbulá y Hamás- tienen en común destrozar los valores democráticos en todo el mundo", remarca la vicepresidenta de la ADL.
La Justicia argentina responsabiliza al Gobierno iraní de aquella época y al grupo libanés Hizbulá, si bien los acusados fueron citados a indagatoria hace más de 15 años, con alertas rojas de Interpol de por medio, pero no fueron llevados al banquillo, por lo que la causa sigue estancada.
"También hay un tema internacional, porque el ministro de Interior de Irán (Ahmad Vahidi, señalado como uno de los responsables) sigue viajando por el mundo a pesar de los avisos a Interpol", agrega Rosenberg.
Según la vicepresidenta de la organización contra el antisemitismo, se debe a que algunos de los acusados se mueven entre países "aliados de Irán", lo que ayudaría a extender las influencias del régimen en Latinoamérica mediante "propaganda antisemita y antiamericana o actividades ilegales como el lavado de dinero".
A nivel nacional, para la ADL, la falta de avances se debe a que el sistema político y judicial de Argentina no es capaz "o decidió no proceder con el proceso legal de AMIA y la Embajada de Israel", este ultimo fue perpetrado en 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos.
"Tenemos que recordar que esos números representan personas con familias y familias de sobrevivientes que siguen esperando justicia. Muchos de ellos están cansados. Cada año vienen a la AMIA para pedir justicia. Están decepcionados del sistema judicial y las decisiones políticas que se han o no se han tomado en estos 30 años", relata Rosenberg.
En 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), Argentina firmó un memorándum de entendimiento con Irán, que tenía como objetivo permitir que funcionarios iraníes sospechosos del ataque fueran interrogados.
Sin embargo, fue visto por muchos como un intento de encubrimiento y declarado inconstitucional por la justicia argentina en 2015.
La impunidad alcanza también a la muerte en extrañas circunstancias del fiscal encargado del caso Alberto Nisman, quien en enero de 2015 fue encontrado sin vida en su casa de Buenos Aires, un día antes de presentar pruebas que, según él, demostrarían un encubrimiento por parte del Gobierno de Fernández.
El Gobierno de Javier Milei presentó días atrás un proyecto de ley para llevar adelante 'juicios en ausencia' de acusados por delitos graves, lo que incluye actos terroristas, para intentar avanzar en la causa AMIA y acabar con tres décadas de impunidad. EFE
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