Madrid, 18 jul (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, declara este viernes en un tribunal de Madrid como investigada en un presunto caso de tráfico de influencias.
Gómez volverá al juzgado dos semanas después de que se suspendiera su comparecencia, tras alegar no había recibido información completa sobre el proceso.
La esposa del presidente del Ejecutivo español debe volver al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para responder -o bien acogerse a su derecho de no hacerlo- ante el juez Juan Carlos Peinado, así como ante la Fiscalía y las acusaciones populares que ejercen el ultraderechista Vox y otras organizaciones vinculadas con la extrema derecha, como el pseudosindicato Manos Limpias.
Gómez es la única investigada en una causa abierta por una denuncia de Manos Limpias, que pedía investigar si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la universidad Complutense de Madrid.
Tras remitir parte de los contratos investigados a la Fiscalía Europea, el juez analiza otras adjudicaciones, aunque recientemente la Guardia Civil indicó en un informe que se tramitaron con "normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
En el foco de las acusaciones también está el trabajo de Gómez en la Universidad Complutense, que ha remitido un informe al juez con una investigación interna que termina sin "conclusión" sobre una posible "apropiación indebida" del 'software' de la cátedra que codirigía la esposa de Sánchez.
Por motivos de seguridad, Gómez podrá acceder al juzgado por el garaje y se restringirá la entrada a la planta donde declarará. Además, su defensa ha pedido al juez que no se grabe la imagen de su declaración, sino solo el audio, aunque el magistrado no se ha pronunciado aún.
En su primera comparecencia, el pasado 5 de julio, varias personas burlaron las medidas de seguridad, la grabaron y la insultaron.
El caso ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en España en un arma política para la oposición conservadora y la ultraderecha contra los socialistas
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