Montevideo, 18 jul (EFE).- Once colectivos de personas trans y de la comunidad LGTBI de Uruguay denunciaron discriminación y demoras para atenderse y someterse a cirugías en los principales hospitales públicos del país, lo que, señalan, incumple con la Ley Integral para Personas Trans.
Así lo confirmaron en diálogo con EFE activistas de dos de las agrupaciones luego de que estas publicaran un comunicado conjunto dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de tres hospitales públicos.
Según aseguró la integrante de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU) Florencia Borthagaray, el reclamo de la población LGTBI, y en particular las personas trans, responde a las constantes demoras para conseguir citas médicas y las "listas interminables de espera" para cirugías.
"Las respuestas de ASSE son siempre las mismas, que no hay cirujano, que falta medicación o faltan recursos humanos", expresó sobre la respuesta desde la administración.
Según la activista trans, que además trabaja en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde desde 2023 funciona el Servicio de Diversidad Sexual de ASSE, allí hay "bastante demora" para las operaciones de implantes mamarios o mastectomías y esto, dice, es producto de la falta de recursos producto de recortes a ASSE.
Para Borthagaray, el "debe" se da "a nivel genérico" para quienes se atienden en la salud pública y está atado a una gestión que inauguró nuevos hospitales pero no los dotó de recursos y personal suficiente.
"Si tenés una estructura pero no le das recursos para que funcione (...), sigue funcionando en caída", reclamó quien enfatizó que otros problemas son la falta de profesionales capacitados para atender población trans, la discriminación y la demora para citas con psicólogos y psiquiatras.
En la misma línea, el cofundador del colectivo Selim Tejos, del departamento (provincia) de Rocha Michael Machado, aseguró que en el interior del país están "en un limbo" donde algunas personas llevan "cuatro años o más" sin poder operarse teniendo "todos los estudios".
El activista trans subrayó que en su departamento "no hay" psicólogos capacitados para atender a una población "que viene con un bagaje enorme de vulnerabilidades": "no tenemos atención psicológica adecuada para transitar el tema de la transfobia que vivimos en el interior, que es muy tránsfobo".
Machado sentenció además que "no solamente en salud" Uruguay no cumple con la ley integral para personas trans aprobada en 2018, que también prevé un cupo laboral trans "no inferior al 1 %" y avala el cambio de nombre y sexo, entre otras medidas. EFE
apf/rmp/cpy
