Barcelona (España), 18 jul (EFE).- La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) reclamará ante la Comisión Europea (CE) por la decisión del ayuntamiento de la ciudad española de cerrar las viviendas turísticas, pues considera que vulnera la directiva europea Bolkestein.
La asociación también intentará que un juez lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anunciaron este jueves el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, y la nueva directora general, Marian Muro.
Según Alcántara, la CE ha abierto un expediente informativo y ha pedido a España información sobre el decreto aprobado por el gobierno de la región de Cataluña, con capital en Barcelona, para regular las viviendas de uso turístico.
En esa norma, añadió, se ampara el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, para acabar en 2028 con la actividad de 10.000 apartamentos turísticos, pues no se concederán más permisos ni se renovarán los ya aprobados.
Alcántara aseguró que la norma Bolkestein, sobre la prestación de servicios en el mercado interior comunitario, impide restricciones y liberaliza todos los sectores, excepto si hay una causa de interés general y no es discriminatoria. Y esto, según cree, ocurriría al ser el único sector turístico afectado.
También opinó que la medida es "completamente ilegal y anticonstitucional", y recordó que el Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar un recurso del Partido Popular español (conservador) contra el decreto catalán.
Alcántara aseguró que la medida municipal es "jurídicamente cuestionable" y una "expropiación forzosa", ya que la explotación de viviendas de uso turístico es un derecho que tienen atribuidos los propietarios y no sometido a caducidad alguna, según indicó.
Añadió que esto debe incluir "indemnizaciones", que podrían reclamar los propietarios y gestores de las actuales licencias, y que serían de miles de millones de euros.
Alcántara lamentó que el alcalde de Barcelona no los reciba desde hace un año ni hable con el sector, dijo.
En los últimos tiempos, se suceden en ciudades costeras españoles, particularmente del Mediterráneo, manifestaciones contra la masificación de turistas y de viviendas donde se alojan, que proporcionan una mayor rentabilidad a los dueños.
Denuncian problemas de convivencia con los residentes habituales, ruidos, suciedad y un encarecimiento de los alquileres tradicionales.
Apartur cree que la supresión del 100 % de las licencias de viviendas de uso turístico de Barcelona es "ineficiente e inadecuada" para la ciudad, porque representa el 40 % del turismo.
Su desaparición provocaría una "caída de la actividad y del empleo" muy importante y no solucionaría el problema de la vivienda, ya que, en siete años, el número de viviendas turísticas han bajado en casi 6.000 y el precio de la vivienda residencial ha seguido subiendo, según sus datos.
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