AI denuncia la detención arbitraria de más de 100 personas por alentar protestas contra el Gobierno egipcio

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que las fuerzas de seguridad egipcias han detenido desde principios de julio a más de 100 personas por alentar protestas en contra del Gobierno del presidente, Abdelfatá Al Sisi, en respuesta al aumento de precios y los cortes de energía en el país africano. La ONG ha detallado que esta nueva oleada de "detenciones arbitrarias" en Egipto se produce en el contexto de una manifestación masiva, llamada "Revolución de la Dignidad", que finalmente no se llevó a cabo el pasado 12 de julio. "En lugar de silenciar a la gente por expresar su descontento y continuar usando tácticas salvajes para erradicar cualquier protesta pública, el Gobierno de Egipto debe tomar medidas concretas para cumplir con los derechos sociales y económicos de la gente", ha expresado el investigador de AI, Mahmud Shalaby, en un comunicado. Shalaby ha tildado de "vergonzosas" las acciones del Gobierno y ha exigido la liberación "inmediata e incondicional" de todos los que han sido detenidos arbitrariamente "únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión". En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a 119 personas, entre ellas siete mujeres y un niño en al menos seis gobernaciones, según datos de la ONG, que ha entrevistado a abogados especializados en Derechos Humanos que representaban a ocho detenidos. Estos ocho detenidos, de edades comprendidas entre los 30 y los 60 años, no tenían antecedentes de activismo. Siete publicaron contenido en las redes sociales haciendo llamamientos a manifestarse contra el Gobierno de Al Sisi. Según AI, las fuerzas de seguridad mantuvieron incomunicados a siete de los ocho detenidos durante periodos de entre dos y cinco días. Asimismo, funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) les interrogaron con los ojos vendados, "lo que equivale a malos tratos", y sin la presencia de un abogado. Las autoridades acusaron a los detenidos por cargos de terrorismo, publicación de noticias falsas y uso indebido de las redes sociales. La Fiscalía ordenó la detención preventiva de ocho y de otros 11 que se enfrentaban a cargos similares, durante 15 días.