Bogotá, 16 jul (EFE).- Los expresidentes colombianos Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) serán testigos del coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía, acusado por 72 'falsos positivos' (ejecuciones de civiles), en el juicio que llevará a cabo en su contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En un comunicado de la JEP este martes, su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad aceptó dentro de las pruebas solicitadas por el oficial en reteiro, "como testigos a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango".
"El juicio público, de acuerdo con la magistratura, arranca el 16 de septiembre de 2024 en la ciudad de Valledupar (capital del departamento caribeño de Cesar)", agregó la JEP.
Durante la primera audiencia preparatoria en el proceso adversarial transicional contra Mejía, que se llevó a cabo hoy, el coronel retirado no aceptó los cargos en su contra.
En julio del año pasado, los fiscales de la JEP pidieron 20 años de cárcel para Mejía por "los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura", anunció entonces el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción, Giovanni Álvarez.
Mejía fue comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, en el norte del país, y es uno de los altos mandos del Ejército que no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad imputados por la JEP, que en su proceso ordinario ofrece penas no privativas de libertad a cambio de aportes y reconocimiento de verdad.
En 2022 este tribunal especial surgido del acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC imputó a dos coroneles -entre ellos Mejía- y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano.
Mejía sin embargo no reconoció los hechos y por ello la UIA, que cuenta con fiscales propios, presentó entonces el escrito de acusación en su contra.
Los fiscales de la JEP deberán probar ahora en un juicio que Mejía cometió estos crímenes y que lo hizo en alianza con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como aseguran, lo que puede llevarlo a una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP estudia en uno de sus casos los conocidos como 'falsos positivos', y sitúa en 6.402 las personas que "fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe. EFE
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