Dos diputados filipinos condenados por poner en peligro a menores indígenas durante una ofensiva paramilitar

Un tribunal de la ciudad de Tagum, en la isla filipina de Mindanao, ha condenado a penas de entre cuatro años y nueve meses y ocho años y ocho meses a 18 acusados, incluidos dos conocidos políticos de la oposición, los diputados Satur Ocampo y France Castro, por el delito de poner en peligro a un grupo de 14 indígenas lumades menores de edad durante una ofensiva del grupo paramilitar Alamara en 2018. Cuatro sacerdotes protestantes han sido absueltos por falta de pruebas. Los acusados han sido condenados por incumplir la Sección 10(a) de la Ley para la Protección Especial de Menores Frente a Abusos, Explotación y Discriminación por trasladar a los menores, que habían sido encerrados en una escuela por los paramilitares, informan medios filipinos. "Los actos de los acusados pusieron en peligro a los menores (...). Debido a sus actos los menores sufrieron un riesgo innecesario en condicoines de inseguridad", explica la sentencia, fechada el 3 de julio pero publicada ahora. La condena incluye una multa de 20.000 pesos (313 euros) por daños morales y civiles para cada una de las víctimas. Los procesados fueron acusados de abuso infantil, secuestro y tráfico de seres humanos por llevarse a los menores de la escuela de Talaingod, en Davao del Norte. Los dos últimos cargos fueron finalmente retirados. Los acusados alegaron que formaban parte de una misión de solidaridad para asistir a las escuelas de los pueblos lumades y sus educadores en medio del ataque de la milicia Alamara, aliada de las Fuerzas Armadas en su lucha con la guerrilla del Nuevo Ejército Popular. Los menores fueron tres horas a pie por un camino oscuro e inseguro en un trayecto en el que podrían haber sufrido un accidente o ser víctimas de los ataques de paramilitares o guerrilleros, según la sentencia, que denuncia igualmente la preparación de estas acciones como agravante. "INJUSTA CONDENA" Castro y Ocampo han criticado su "injusta condena". "Esta injusta condena dice más de la persecución de quienes ayudan y defienden los derechos de los niños lumades y los persistentes ataques contra las ecuelas y comunidades lumades", han reprochado. "Los responsables del cierre obligatorio de las escuelas y de las amenazas y acoso no han sido investigados jamás", han asegurado, por lo que han pedido procesar a la Fuerza Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local del expresidente Rodrigo Duterte. Esta campaña "ordenó y orquestó los ataques contra las escuelas lumades", según los diputados. "La misión solidaria de aquellos días se transformó en una misión de rescate porque eran perseguidos por los paramilitares", han remachado. Casto y Ocampo han subrayado que no se esconderán tras la condena y han anunciado que apelarán de inmediato. La Alianza de Profesores Concienciados han condenado la decisión judicial y han denunciado que se trata de acusaciones falsas, mientras que el grupo de Derechos Humanos Karapatan ha destacado que esta sentencia "demuestra que incluso los tribunales están siendo utilizados como arma contra los defensores de los Derechos Humanos". Mientras, el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno filipino, Eduardo Año, ha manifestado su satisfacción por la condena porque desarticula cualquier argumento de que se trataba de una "misión de rescate".