Madrid, 11 jul (EFE).- El acuerdo del conservador Partido Popular (PP) con el Gobierno español -presidido por el socialista Pedro Sánchez- para acoger a menores inmigrantes que llegan solos a España provoca tensiones con su socio en gobiernos regionales, el ultraderechista Vox, que amenaza con romper esos pactos.
El PP, que gobierna en 12 de las 17 regiones españolas, en 6 de ellas mediante acuerdos con Vox, acordó ayer miércoles con el Gobierno central la reubicación voluntaria en toda España de 400 menores migrantes no acompañados; la mayoría de ellos se encuentran en las Islas Canarias (Atlántico), archipiélago al que llegan en pequeñas embarcaciones precarias procedentes de la costa atlántica africana.
En estos momentos Canarias, donde gobierna el partido regionalista Coalición Canaria con un pacto con el PP, acoge a más de 5.500 menores, una cantidad muy por encima de sus capacidades para atenderlos.
Ese pacto aceptado por el PP es rechazado de plano por Vox, que considera la inmigración irregular como un peligro, y amenaza con romper los acuerdos de gobierno que tiene con el PP, al que acusa de no respetar los acuerdos firmados.
La lucha contra la inmigración irregular es uno de los caballos de batalla de Vox, que con frecuencia identifica a estos inmigrantes con la delincuencia y apuesta por expulsarlos de España.
A la espera de que la dirección del partido se reúna este jueves por la tarde, de momento, los consejeros de Vox en los gobiernos regionales de Murcia (sureste) y Aragón (nordeste) ya han dado este jueves muestras de sus distanciamiento; en Murcia se ausentaron de la reunión del Consejo de Gobierno y en Aragón anularon sus agendas públicas.
El portavoz del PP, Borja Sémper, criticó este jueves la actitud de Vox. "No entiendo qué es lo que pretende Vox cuando estamos hablando de un ejercicio de solidaridad de todos españoles con una parte muy relevante y crítica para España como es Canarias en términos migratorios", declaró en una entrevista en Radio Nacional de España, la radio pública.
El Ejecutivo español pretendía llegar a un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería con el fin de que esos traslados puedan ser obligatorios cuando una zona supere el 150 % de su capacidad de acogida, como ocurre en estos momentos en Canarias, pero ese acuerdo no fue posible, ante el rechazo del PP, por lo que ese reparto está sujeto a la voluntariedad de los gobiernos regionales y a eso sí se comprometió el Partido Popular. EFE
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