Ecologistas reclama "un nuevo análisis" del vertido de la mina de Aznalcóllar "antes de cualquier" permiso

Ecologistas en Acción ha reclamado este jueves "un nuevo análisis" científico y técnico, de toda profundidad, del vertido al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera". Insistiendo en el "vertido tóxico" inherente en el proyecto, los ecologistas consideran que antes de revisar este extremo, no debe ser concedido ningún permiso. Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha celebrado este jueves una rueda de prensa en Sevilla, en torno al controvertido proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta; pesando de otro lado las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos. Según avisan, el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. "ARSÉNICO, CROMO, MERCURIO, PLOMO..." Se trata, según los ecologistas, de metales como "arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes". Frente a las tesis de la empresa, que dice prever "una estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto"; para "resolver definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera"; Isidoro Albarreal ha puesto en duda este discurso de la empresa, que viene apoyando la Junta de Andalucía, que ha emitido un dictamen ambiental favorable y un informe de admisibilidad del vertido; asegurando que la actividad contará con todas las garantías y negando cualquier "vertido tóxico" al río. Al respecto, Isidoro Albarreal ha planteado si resulta verosimil que una empresa privada acometa una inversión de unos cien millones de euros para transformar en "agua casi potable" el vertido del complejo minero y derivar ese agua al Guadalquivir, en lugar de "reutilizarla" en el propio recinto o destinarla al riego para así obtener un rendimiento. CONTAR CON UN "ALIVIADERO" CON SALIDA AL RÍO "Se vierte al Guadalquivir porque se trata de un vertido contaminante de amplio contenido en metales pesados", ha enfatizado, avisando además de que a su entender, el interés de la empresa por contar con una conducción de vertido al Guadalquivir radica en que la misma necesita contar con "un aliviadero ante cualquier suceso", con incidencia en todo caso en el agua del río. Además, ha alertado de que Minera Los Frailes, la sociedad instrumental creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la mina, ya ha incumplido los términos de la concesión relativa al complejo de Aznalcóllar, pues estaba obligada a mantener y tener en funcionamiento la antigua depuradora para tratar las aguas de contacto, pero "desde 2015", dicha instalación "no funciona" con el consecuente vertido de aguas "sin control" desde el recinto al río Guadiamar. Por eso, ha advertido de que debe primar un "principio de precaución", considerando que hasta que no pese "un nuevo análisis del estudio del vertido" propuesto por la empresa, las administraciones no deben conceder "ninguna autorización" con relación al proyecto de reapertura de la mina.