Santa Cruz de Tenerife (España), 10 jul (EFE).- El Gobierno español y las autoridades de las diferentes regiones del país pusieron de manifiesto este miércoles sus discrepancias sobre la repartición solidaria de los menores no acompañados que llegan a las islas Canarias, archipiélago atlántico que soporta una fuerte presión migratoria que tiene desbordados sus centros de acogida.
El principal debate, en el marco de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra en la ciudad canaria de Santa Cruz de Tenerife, es en torno a la reforma de la ley de Extranjería que plantea el Gobierno español para regular un reparto equitativo vinculante de niños y adolescentes que llegan a las Canarias de manera irregular por vía marítima, muchos de ellos sin familiares ni ningún otro acompañante adulto, desde las costas africanas.
La práctica totalidad de regiones ha mostrado solidaridad para seguir acogiendo a menores migrantes, aunque casi todas también han puesto condiciones: quieren, sobre todo, más financiación para acoger, y que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado hasta ahora y las capacidades reales de cada territorio a la hora de abordar la distribución.
Tanto el Gobierno central como el regional canario abogan por modificar la ley actual, que debería de aprobar el Parlamento nacional, para garantizar una distribución entre los territorios equitativa y más rápida, pues el sistema actual no ha funcionado.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que, más allá de "la cuestión puntual de los traslados", como ha ocurrido hasta ahora, la apuesta del Gobierno es esta reforma "estructural" para dar una solución "de manera constante" a zonas como Canarias, que acoge a más de 5.500 menores.
Rego insistió que "lo que ha habido vigente hasta ahora", un mecanismo basado en la voluntariedad de recepción de migrantes, "no se ha cumplido", ya que, de las plazas acordadas para el año 2023, siguen sin cubrirse un 80 %, un extremo que, sin embargo, ha sido desmentido por varias comunidades, como Andalucía (sur) o Castilla-La Mancha (centro).
Uno de los primeros en expresar sus dudas fue el consejero de Derechos Sociales de Cataluña (este), el independentista Carles Campuzano, que aseveró que la acogida de los menores no acompañados tiene que hacerse "bien, de manera ordenada", e indicó que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley de Extranjería su gobierno no puede avalarla.
Si bien dijo entender las necesidades canarias, recordó que desde el 2017 Cataluña ha recibido a 14.000 jóvenes migrantes, por lo que tiene "vocación de acogida", si bien ha recriminado al Ejecutivo estatal que no lo esté haciendo "bien", al tiempo que ha reclamado "orden y financiación" porque su región, al igual que Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es un territorio "sobreocupado".
En ese sentido, la portavoz del partido nacionalista Junts en el Congreso español, Miriam Nogueras, dijo que el Gobierno español debería excluir a Cataluña del reparto porque su región debe poder decidir cuántos menores puede acoger en función de sus capacidades.
La necesidad de una mejor financiación para aceptar el reparto de la tutela de estos menores la expresó también la representante de Castilla La Mancha, la socialista Bárbara García, que incluso pidió que la Unión Europea tenga un papel en la solución de la crisis.
Uno de los puntos de la reunión nacional de este miércoles fue la distribución de unos 400 menores de Canarias (300) y la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta (100) entre las regiones por medio del mecanismo vigente hasta ahora, basado en la solidaridad y la voluntariedad.
El líder opositor nacional Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP), aseguró hoy que las regiones que gobierna su partido, un total de 11 de las 17 que tiene el país, "asumirán" el reparto de 400 menores inmigrantes no acompañados que ha planteado el Gobierno central.
Dicho esto, culpó al ejecutivo central de la situación en Canarias, y le responsabilizó de "una ausencia reiterada de política migratoria que hace que España sea la frontera más permeable de la UE en la inmigración ilegal".
Por ello pidió al Gobierno que "preserve las fronteras de más avalanchas de menores, porque ya no hay más recursos para atenderles".
El PP dirige varias de esas regiones en coalición con Vox, partido de extrema derecha que amenaza con romper los acuerdos de gobierno si se acepta acoger a más menores no acompañados.
Los recursos asistenciales de Canarias están sobrepasados desde hace meses, con cerca de 6.000 menores tutelados en las islas actualmente. En 2023, se batió el récord de llegada de inmigrantes irregulares, cerca de 40.000, según datos oficiales. EFE
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