Gobierno y Congreso de Perú rechazan resolución de CorteIDH sobre la ley de lesa humanidad

Lima, 8 jul (EFE).- La mandataria peruana, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, emitieron este lunes una carta conjunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que rechazan "de manera categórica" la resolución de este tribunal sobre la ley aprobada en el Parlamento que limita los delitos de lesa humanidad.

"Lamentamos que la CorteIDH haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales, de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad", indicó la misiva.

La CorteIDH había requirió el martes pasado al Estado peruano que "tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".

La norma aprobada por el Congreso plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Con la firma de Boluarte y Soto y dirigida a la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, las cabezas de dos poderes peruanos rechazan "de manera categórica" los términos de la resolución de dicho tribunal y puesto que "supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes".

"Por esa razón, deploramos profundamente que la CorteIDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos", señala la carta.

Y sostiene que la resolución "transgrede de modo evidente el rol subsidiario que debe asumir (el tribunal)".

Además, "rechazaron con vigor" que la CorteIDH utilice el término "conflicto interno armado", puesto que este "ofende la conciencia cívica nacional y ofende la memores de miles de peruanos asesinados por las horas terroristas".

Boluarte y Soto pidieron al tribunal "en un ejercicio de autotutela" que "corrija sus excesos" puesto que esta resolución "termina por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos".

Lima, 8 jul (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, evitó este lunes responder si sancionará una polémica ley aprobada por el Congreso que limita la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió dejar sin efecto.

"Todavía no ha llegado al Ejecutivo (la ley), así que esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores correspondientes lo revisarán y nosotros estaremos atendiendo en esta mirada", dijo Boluarte en una rueda de prensa con medios nacionales.

La mandataria evitó referirse posteriormente al caso, pese la polémica que se ha generado al respecto.

La norma aprobada por el Congreso plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

La Corte IDH había requerido el martes pasado al Estado peruano que "tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".

También ordenó a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esa orden.

La semana pasada, el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se declaró “absolutamente indignado” ante la resolución de dicho tribunal.

"Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide, de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, dijo en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.