Cambios en un año de gobiernos de derecha y ultraderecha en España; de memoria a migración

María López

Madrid, 8 jul (EFE).- Hace un año, a lo largo del verano cuatro regiones españolas pasaron a tener Ejecutivos del conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que se sumaban al que desde 2022 ya tenía Castilla y León (norte).

Se sumaron la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia, a lo que habría que sumar los pactos en múltiples ayuntamientos de toda España, lo que hizo perder a los socialistas la mayoría de su poder regional y local.

Fruto de esos acuerdos, un año después hay cambios en las políticas de memoria histórica o fiscales, y gestos y propuestas en temas sensibles como la inmigración, la violencia machista, el colectivo LGTBI o la gestión medioambiental.

Entre los cambios más polémicos cabría citar los referidos a la memoria, donde Aragón abrió el camino y derogó la ley al respecto del Partido Socialista Obreo Español (PSOE), decisión anulada cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Ahora acaba de aprobar su plan de concordia, que reconoce a "todas las víctimas de la violencia ideológica" sin mencionar específicamente la Guerra Civil (1936-1939) ni la dictadura franquista (1936-1975).

En la Comunidad Valenciana se ultima una ley que derogará la norma regional de 2017 y la sustituirá por otra que abarcará desde 1931 hasta la actualidad, con lo que incluirá la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo yihadista y el de ETA.

También están pendientes leyes en este sentido en Castilla y León, Extremadura y Baleares.

Respecto a los impuestos, en algunas regiones se bajaron impuestos o se eliminaron otros como el de sucesiones, o el de patrimonio, lo que provocó acusaciones de la izquierda de beneficiar a quien más tiene.

En Aragón han puesto en marcha impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos, y en Baleares o Extremadura recortaron las subvenciones a los sindicatos y patronales, y en algunos casos también a las ayudas a la cooperación.

Por otro lado, aunque el PP defiende que las políticas para atajar la violencia contra las mujeres permanecen intactas, la llegada de Vox a los Gobiernos implicó transformaciones simbólicas y de lenguaje, como la resistencia de Voz a utilizar el concepto de violencia machista.

La igualdad es un elemento de choque entre ambos socios, con Vox que tilda al feminismo de mafia y cuestiona las políticas contra la LGTBIfobia y con las banderas arcoíris desapareciendo de múltiples instituciones.

A esto hay que sumar otras controversias que tienen como trasfondo la batalla cultural de Vox contra la izquierda, como veto a contenidos feministas y LGTBI en algunos municipios.

También el medioambiente y, sobre todo, la inmigración son motivos de controversia.

En el caso de la inmigración, Vox se niega a que las autonomías (regiones) donde gobiernan acojan menores no acompañados, que entraron en España de manera irregular, mientras que el PP defiende la solidaridad en la acogida, aunque con reticencias al reparto obligatorio entre todas las regiones que proponen el Gobierno y el ejecutivo regional de las islas Canarias, a donde llegan estos menores procedentes de África.

Vox llegó a amenazar con romper los acuerdos y el PP endureció su discurso y empieza a hablar de España como un "coladero" de inmigrantes, a vincular la inmigración con la inseguridad y hasta pedir el control del Ejército en las fronteras. EFE

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