Lima, 4 jul (EFE).- Centenares de policías y militares que se encuentran presos o en procesos judiciales serán beneficiados por la ley aprobada este jueves en el Congreso y que limita la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, según dijeron varios diputados.
"Hay centenares de policías y militares, muchos octogenarios y nonagenarios, que están injustamente presos o sometidos a la tortura de procesos interminables por la aplicación ilegal de este criterio de lesa humanidad que (...) solo se puede aplicar a partir de su aprobación del Congreso en 2002", dijo a periodistas el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi.
La ley plantea limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
Tras la aprobación de la norma en segunda votación con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, representantes de los partidos que la propusieron, el fujimorista Fuerza Popular y el partido ultraconservador Renovación Popular, que tiene varios ex comandantes de las Fuerzas Armadas en la bancada, expresaron su rechazo a la CorteIDH.
"El parlamento no tiene por qué responderle ni entrar al juego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pueden emitir y seguramente van a sacar algún comunicado, pero repito primero, no nos afecta, segundo, no tiene ninguna consecuencia, ¿qué van ha hacer? ¿qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran, por último nos salimos de la corte", afirmó el congresista José Cueto, que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y forma parte de Renovación Popular.
Rospigliosi señaló que solamente se puede aplicar el criterio de lesa humanidad a partir de su aprobación en el Congreso 2002 y 2003, y declaró que "es ilegal haber aplicado estos criterios a sucesos ocurridos antes".
La CorteIDH había requerido el martes "al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".
Antes de la aprobación en segunda votación parlamentaria, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) recordó que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles de acuerdo con los tratados y obligaciones internacionales a las que Perú se ha adscrito.
"Toda disposición que a nivel interno se debata, debe partir por armonizar dichas iniciativas con los compromisos internacionales adquiridos, evitando generar alteraciones en el ordenamiento jurídico nacional y siempre teniendo como prioridad la promoción y protección de toda garantía establecida en favor de sus ciudadanos", remarcó la sociedad. EFE
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