Quito, 2 jul (EFE).- ‘Código rojo’ es el nombre de la iniciativa que ha comenzado a registrar las violaciones de derechos humanos a las personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador, informó la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts), impulsora de la iniciativa.
“Queremos demostrar al Estado la vulneración de derechos hacia esta población, pero también hacer incidencia con estos datos en las políticas públicas y en las leyes”, explicó en una entrevista con EFE Karina Bravo, la coordinadora regional de Plaperts, una organización paraguas que agrupa a diversas entidades de trabajadoras sexuales en América Latina.
Esta iniciativa piloto, impulsada en colaboración con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, y financiada por el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, también se implementará en las próximas semanas en Perú y El Salvador.
No obstante, Plaperts aspira a replicar este proyecto en los quince estados donde tiene presencia, aseguró Bravo.
El objetivo final es realizar un informe regional al cabo de un año para presentarlo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) y llegar a un juicio que reconozca la situación de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las personas dedicadas al trabajo sexual, en su mayoría mujeres, explicó Bravo.
“Vamos a incidir para que los casos de vulneración de derechos de las personas que hacemos trabajo sexual no se queden así porque muchas denunciamos pero no pasa absolutamente nada, no hay ni una investigación, ni una sanción”, denuncia la coordinadora de Plaperts al señalar la impunidad de los agresores en los sistemas policial y judicial.
El 79 % de las trabajadoras sexuales se ven expuestas a una condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal, lo que las expone a múltiples violencias y situaciones de desamparo, de acuerdo con el informe ‘Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador’, elaborado en 2023 por la organización no gubernamental Care, con la participación de Plaperts.
En este sentido, Bravo apuntó que la violencia psicológica, física y la discriminación son las violencias que más sufren las trabajadores sexuales.
Esta realidad se ha recrudecido desde la covid-19, señaló al recordar el aumento de feminicidios a mujeres en esta actividad laboral.
Además, Bravo apuntó que el estigma hace que se vincule a estas trabajadoras con el narcotráfico y el crimen organizado, si bien aseguró que el aumento de la inseguridad en el país andino afecta de manera desproporcionada a estas mujeres.
En muchos casos, continuó, las bandas criminales “se apoderan de los espacios donde ejercen el trabajo sexual queriéndoles cobrar vacunas (cupos de dinero exigidos bajo extorsión) y les chantajean de diferentes formas". Anotó que "inclusive, les obligan a vender droga si no quieren pagar la vacuna”.
“Cuando las compañeras se niegan, son asesinadas para demostrar que o te acoges a lo que ellos quieren o te matan”, agregó.
La coordinadora de Plaperts demandó al Estado ecuatoriano que “se reconozca el trabajo sexual como trabajo, el derecho a transitar libremente en la calle, a vivir una vida libre de violencias” y también instó al Gobierno a que garantice “el derecho a la autonomía del cuerpo”.
Los derechos laborales ayudarían a bajar los niveles de violencia contra estas mujeres, afirmó Bravo, quien destacó la premura de asegurar la protección social a estas trabajadoras que no pueden jubilarse porque no obtienen ningún tipo de prestación.
Asimismo, relató que las trabajadoras sexuales tampoco pueden acceder a créditos bancarios porque se les solicita un certificado laboral que no poseen.
“Nadie nos va a dar un certificado laboral a pesar de que hemos demostrado que somos personas responsables, que pagamos nuestro crédito y que estamos pendientes de nuestras deudas”, aseveró Bravo.
Y añadió que esta realidad contribuye a que muchas mujeres que desean dejar esta profesión no puedan escapar de este círculo de violencias y de vulneración de derechos.
Pero todo ello, concluyó Bravo, también pasa por programas de prevención de la violencia contra las mujeres y de poner fin al “estigma, la discriminación y los estereotipos” hacia las trabajadoras sexuales.
aam/fgg/gpv
