Cádiz (España), 2 jul (EFE).- La ciudad de Cádiz (Andalucía, sur de España) se unió este martes a otras ciudades españolas en la suspensión de la tramitación de nuevas licencias de viviendas turísticas, en un momento de alta tensión por la presión del turismo en muchas localidades, que piden mayores restricciones.
Este martes, Bruno García, alcalde de Cádiz (una de las ciudades más turísticas del sur de España, conocida entre otras cosas por su carnaval), anunció la suspensión de la tramitación de nuevas licencias de viviendas turísticas en el casco antiguo hasta que el consistorio obtenga "los datos del estudio de presión turística" encargados a la universidad de la ciudad.
La suspensión provocará que estos alojamientos no se puedan inscribir en el registro de viviendas turísticas regional y, por lo tanto, no podrán operar en las plataformas de viviendas con fines turísticos.
La localidad toma esta decisión ante las protestas de la ciudadanía por las consecuencias negativas del turismo de masas, en especial para los centros históricos, y cuyo impacto más directo es el aumento de los precios de las viviendas destinadas a uso residencial.
Una decisión que también tomó el pasado mes de abril, de manera temporal, la ciudad de Madrid, donde, según el Ayuntamiento había en mayo 1.008 viviendas de uso turístico, mientras que la oposición apunta a que las ilegales denunciadas alcanzan las 10.134 residencias.
La más contundente para frenar estas viviendas ha sido hasta el momento Barcelona, que el mes pasado puso fechas a esta limitación y anunció que no se concederán más licencias turísticas ni se renovarán las existentes, por lo que en 2029 los 10.101 pisos turísticos que hay en la ciudad perderán esa condición.
Ante el agravamiento de la situación, el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez avanzó que su Ejecutivo planteará una serie de medidas para tratar de controlar el incremento de estos pisos, como, por ejemplo, un registro estatal y una modificación de la ley de propiedad horizontal.
El pasado 20 de abril, decenas de miles de personas se echaron a la calle en las Islas Canarias (Atlántico) para exigir otro modelo turístico y recordar que "Canarias tiene un límite", en una protesta que también tuvo eco en la capital española, donde hubo manifestaciones de apoyo.
El germen de las marchas fue la denuncia del agotamiento del modelo del motor económico de las islas (35 % del PIB del archipiélago y cerca del 40 % del empleo) y la reclamación de una moratoria, una ecotasa y la regulación de la compra de vivienda por parte de extranjeros.
A pesar de la protesta multitudinaria, cuatro días después el Parlamento de la región rechazó la implantación de una tasa sobre las pernoctaciones turísticas.
También los ciudadanos de las Islas Baleares piden cambios en la legislación para frenar los impactos negativos del turismo masivo y en las últimas semanas se celebraron varias protestas, incluso algunas en las propias playas, entre bañistas y turistas.
Una demanda defendida por el Gobierno del archipiélago que considera que el volumen de turistas no puede seguir creciendo, pues ya no se traduce en bienestar y ello obliga a hablar de gestión y sostenibilidad y de límites y contención.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado visitaron Baleares 14,4 millones de turistas extranjeros (sin contar con los nacionales) en una región en la que, con datos de 2023, residen 1.209.906 personas. EFE
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