Túnez, 1 jul (EFE).- La Fiscalía tunecina abrió este lunes una investigación contra el opositor y presidente del partido Unión Popular Republicana (UPR), Lotfi Mraihi, por un supuesto delito de corrupción apenas tres meses después de que anunciase su intención de presentarse a las elecciones presidenciales previstas el próximo mes de octubre.
La Justicia sospecha que podría haber llevado a cabo un delito de lavado de dinero, transferencia ilegal de bienes y apertura de cuentas bancarias en el extranjero sin la autorización del Banco Central.
Mraihi denuncia ser víctima de una persecución política "contra cualquier persona seria que tenga grandes posibilidades en las próximas elecciones presidenciales mientras el mandatario en el poder quiere ser el único en participar".
En enero, Mraihi, ensayista y médico, fue condenado a seis meses de prisión condicional por un tribunal de Primera Instancia por difundir información falsa que afectaba a la seguridad del Estado y en base al polémico decreto-ley 54 que castiga con hasta diez años de cárcel los "rumores o noticias falsas".
El responsable, explicó en la prensa local, había declarado públicamente que Said "ha fracasado, que su popularidad ha disminuido y que se tambalea. Esta opinión ahora se considera información falsa".
En los comicios de 2019 Mraihi fue el séptimo candidato más votado con el 6,5% mientras su partido logró ese mismo año tres escaños en el Parlamento.
Varios opositores han anunciado sus aspiraciones a la presidencia mientras el dignatario, cuyo mandato concluye oficialmente el 23 de octubre, todavía no se ha pronunciado al respecto.
La principal coalición opositora, el Frente de Salvación Nacional (FSN), ha rechazado participar en un "simulacro de democracia" mientras una veintena de figuras políticas permanecen en prisión provisional desde hace más de un año por un supuesto caso de "complot contra la seguridad del Estado".
Said se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social" y, un año más tarde, ratificó una nueva Constitución de corte ultrapresidencialista entre acusaciones de deriva autoritaria e injerencia en el poder judicial.
En los últimos meses varias organizaciones como Amnistía Internacional han alertado del recrudecimiento de la represión de la disidencia mediante cargos infundados contra las voces críticas. EFE
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