Bogotá, 29 jun (EFE).- La Procuraduría de Colombia solicitó este sábado al Gobierno un plan de contingencia de cara a la celebración de la COP16 el próximo octubre en Cali (suroeste) ante eventuales amenazas de orden público y riesgos naturales que puedan afectar a la conferencia ambiental.
En este contexto, el ente de control le pidió al Ministerio de Defensa "remitir los avances en los cronogramas establecidos para el buen desarrollo del evento que garantice la seguridad del mismo y de las personas asistentes, tanto nacionales como extranjeros, en razón a que recientemente el suroccidente del país ha sido objeto de hechos de violencia por cuenta de las disidencias de las FARC", señaló en un comunicado.
Además, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberán reportar "cómo avanza el plan de trabajo, los cronogramas, detalles sobre el presupuesto proyectado y ejecutado, así como el origen de las fuentes de financiación, entre otros".
El suroeste del país vive desde hace dos meses una escalada de violencia protagonizada por el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, que ha levantado preocupaciones sobre la seguridad de la COP16.
La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16) se celebrará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, principal ciudad del Pacífico colombiano, región que concentra una biodiversidad de las más grandes del planeta.
La COP16 reunirá a más de 190 países, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, academias y público en general que negociarán y discutirán sobre la importancia que tiene la protección y restauración de la naturaleza a través de 23 metas para 2030 y cuatro objetivos para 2050.
Colombia será el país anfitrión después de que Turquía renunciara a acoger el evento por cuenta de la emergencia sufrida por los terremotos de 2023.
El objetivo de este encuentro ambiental de alto nivel es abordar la pérdida de biodiversidad, restaurar los ecosistemas, repartir los beneficios de forma justa y equitativa y proteger los derechos de los pueblos indígenas. EFE
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