Imane Rachidi
La Haya, 28 jun (EFE).- Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) que estudian órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, han dado a Reino Unido hasta el 12 de julio para presentar argumentos legales, después de que recurriera a los Acuerdos de Oslo para retar su jurisdicción sobre “nacionales israelíes”.
En un intento de impedir que la CPI emita órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en territorio palestino durante la guerra israelí en la Franja de Gaza desde octubre, Reino Unido ha recurrido a los Acuerdos de Oslo de 1993 para asegurar que este tribunal no puede juzgar a “nacionales israelíes” a petición de Palestina.
El Gobierno de Palestina se adhirió en 2015 al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, lo que le convirtió en miembro de este tribunal internacional. Sin embargo, Israel no reconoce la jurisdicción de esta Corte, ni ha ratificado el Estatuto, como tampoco lo es su aliado Estados Unidos.
La CPI pudo abrir en 2021 una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra Perpetrados desde 2014 en los territorios palestinos ocupados por Israel (lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Este, y la Franja de Gaza), lo que afecta tanto al Ejército israelí como a Hamás y otros grupos armados palestinos, y también incluye el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.
La CPI es un tribunal de último recurso y Palestina le ha transferido jurisdicción para investigar crímenes de guerra al no poder hacer las autoridades judiciales palestinas.
Este tribunal tiene ahora jurisdicción sobre los crímenes cometidos por fuerzas israelíes en los territorios palestinos, y sobre los nacionales palestinos (como Hamas) que cometen crímenes en terceros Estados, como Israel.
Como parte de esa investigación en curso, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó en mayo a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de cinco órdenes de arresto, dos contra líderes israelíes -Netanyahu y Gallant- y tres contra la cúpula de Hamás: el líder Yahya Sinwar; su buró político Ismail Haniyeh; y el jefe de su ala militar (Brigadas Al Qassam), Mohamed Diab Ibrahim al Masri (Deif).
Estados Unidos tachó de “intolerable” y “vergonzoso” esta petición, mientras que el propio Netanyahu la tildó de “absurda”, “antisemita” y una “completa distorsión de la realidad”.
Pero Reino Unido, otro de los principales aliados de Israel, está intentando retar directamente la jurisdicción de este tribunal sobre los ciudadanos israelíes cuando estos cometan crímenes en Palestina. Usa para ello los Acuerdos de Oslo, por los Israel y las autoridades palestinas se reconocen mutuamente.
En un documento del tribunal hecho público esta semana, la Sala de Cuestiones Preliminares anuncia que Londres le ha pedido el pasado 10 de junio una autorización para presentar “observaciones escritas” como “amicus curiae” (expresión en latin para “amigo de la Corte”, que se refiere a terceros ajenos al procedimiento que presentan observaciones sobre el caso).
Reino Unido, país miembro de la CPI, quiere opinar sobre si “la Corte puede ejercer jurisdicción sobre los nacionales israelíes, en circunstancias donde Palestina no puede ejercer jurisdicción penal sobre los nacionales israelíes en base a los Acuerdos de Oslo”.
Esto quiere decir que, según Londres, las autoridades palestinas no pueden procesar israelíes, por lo que Palestina tampoco puede transferir jurisdicción sobre ellos a la CPI.
Los jueces han aceptado esta petición británica y esperarán hasta el 12 de julio para que cualquier país miembro interesado, no sólo Reino Unido, aporte observaciones legales de un máximo de 10 páginas sobre la “jurisdicción del tribunal al resolver la solicitud de arresto” de un israelí, una cuestión de la que -para Londres- los Acuerdos de Oslo “necesariamente forman parte”.
Un portavoz de la CPI confirmó hoy a EFE que la Sala de Cuestiones Preliminares no tenía una fecha concreta para tomar una decisión sobre las órdenes de arresto solicitadas por Khan.
Aunque no está claro hasta qué punto retrasará esta nueva situación la toma de una decisión, Londres sí subraya en su solicitud que la Sala está “obligada a hacer una determinación inicial sobre la jurisdicción” antes de resolver si emite o no las órdenes de detención. EFE
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