Bogotá, 27 jun (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió este viernes a las autoridades colombianas garantías de seguridad y protección para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y que se han visto obligados a abandonar el asentamiento de Miravalle, en el sur del país, por la violencia de las disidencias de esa misma guerrilla.
Este tribunal, creado por el mismo acuerdo de paz, rechazó "las amenazas que públicamente se han conocido en contra de los firmantes de paz que se venían reincorporando a la vida civil en Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y que los obligó a dejar el territorio para proteger sus vidas y las de sus familias".
"La Jurisdicción le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse", agregó la JEP en un comunicado.
Estos exguerrilleros, agrupados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, crearon después de dejar las armas las empresas de turismo de aventura Caguán Expeditions y Remando por la paz con las que incluso representaron a Colombia en competiciones internacionales.
Sin embargo, el jueves advirtieron en un comunicado que su salida de Miravalle "es un hecho real e inminente" porque es imposible "la permanencia y convivencia con la guerra" que, aseguran, ha regresado a esa región del Caquetá.
"Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda", afirmaron las dos empresas en un comunicado.
Por eso, la JEP hizo también "un llamado especial" al Gobierno "para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios".
La JEP recordó que hace solo tres meses magistrados de ese tribunal visitaron Miravalle para entregarle a medio centenar de firmantes del acuerdo de paz "los certificados de las amnistías presidenciales otorgadas luego de 2016 y que para ese momento no les habían sido notificadas".
La situación de riesgo en que se encuentran los firmantes de paz de Miravalle ha sido rechazada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), que negoció y firmó el acuerdo con las FARC. EFE
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