El Supremo de Kenia avala la presencia de los militares en las calles para contener las protestas

El Tribunal Supremo de Kenia ha ratificado este jueves la decisión del Gobierno de desplegar al Ejército para reforzar las tareas de la Policía, a fin de contener las fuertes protestas que desde hace unos días vienen registrándose en Kenia, con decenas de muertos ya, a razón de la polémica ley sobre la reforma fiscal. El fallo del tribunal, no obstante, da al Gobierno del presidente William Ruto dos días para precisar el alcance y la duración de esta medida de excepción ya que si bien la presencia de los militares puede estar justificada, un despliegue generalizado supone "una tendencia peligrosa que puede militarizar el país". En ese sentido, el juez Lawrence Mugambi, sostiene que este plan sea publicado cuanto antes y sea además accesible a los ciudadanos, permitiéndoles la posibilidad de denunciar si se incumplen alguno de sus puntos, informa 'The Standard'. La ciudad de Nairobi ha amanecido este jueves con un fuerte despliegue militar después de semanas de unas protestas contra el Gobierno que se han extendido a todo el país y han dejado más de una decena de muertos. Las autoridades, que tratan de minimizar los daños, han instado así a las Fuerzas Armadas a tomar medidas para evitar escenas como las vividas a principios de esta semana, cuando los manifestantes irrumpieron en la sede de Parlamento e incendiaron el inmueble. Los manifestantes, que han vuelto a mostrar su oposición a Ruto, se han congregado en el centro de la ciudad para honrar también a los fallecidos durante las marchas. Algunos de los presentes han abogado por desplazarse hasta la vivienda del presidente, pero la idea ha sido abortada por la Policía. En otros puntos del país, como la provincia de Kilifi, los manifestantes han bloqueado una autopista y han montado una serie de barricadas, lo que ha llevado a las autoridades locales ha desplegar también al Ejército en estas zonas para restablecer el tráfico. El presidente confirmó el miércoles que, a la luz de los disturbios, no firmará la polémica ley y, "por tanto, será retirada", lo que abre la puerta a una nueva "conversación" sobre futuros cambios en materia de presupuesto, unas palabras con las que busca tender la mano tanto a partidos políticos como a la sociedad civil.