Lima, 26 jun (EFE).- Los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional 'Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público' de Perú rechazaron este miércoles un proyecto de ley presentado en el Congreso que plantea establecer la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 16 años.
Los fiscales especializados señalaron en un pronunciamiento que rechazan el proyecto, presentado por el congresista Juan Burgos, "por vulnerar los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes".
Agregaron que estos compromisos fueron asumidos por el Estado peruano "sin observaciones" al suscribir convenios como la 'Convención de los Derechos del Niño' en 1990.
"En tal sentido, el Perú tiene la obligación de aplicarla y garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en ella a toda la población menor de edad en el país", añadió.
En ese sentido, los fiscales recordaron que existe el principio de "no regresividad" en materia de derechos humanos y que los derechos específicos de los niños "no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos" sobre todo "bajo la justificación de reducir la inseguridad ciudadana".
Recordaron, además, que Perú "cuenta con normas que prevén la responsabilidad penal especial que tienen los adolescentes que infringen la ley penal, a quienes se le imponen medidas socioeducativas que incluyen el 'internamiento' en los casos de infracciones (delitos) graves".
El pronunciamiento concluyó que el propósito de lograr la "resocialización y reinserción familiar y social" establecido en el sistema de justicia penal juvenil peruano "no se materializará con propuestas punitivas y contrarias a los estándares internacionales propios de la materia".
Tras difundirse la posición del Ministerio Público, Burgos, quien es representante del partido derechista Avanza País, rechazó en la red social X "la posición política de la Fiscalía" y señaló que "con este pronunciamiento pretende coartar" su "función constitucional de legislar".
"Si los individuos de 16 a 17 años tienen la capacidad de asesinar y promover, por medio del sicariato y extorsión, el terrorismo urbano deben asumir sus consecuencias penales. ¡No son 'niños' inofensivos!", enfatizó.
Burgos anunció que este mismo miércoles sustentará ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso el proyecto de Ley 8166/2023-CR "que propone imputar penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que ejecuten delitos graves como sicariato y extorsión, terrorismo urbano".
"Serán los jueces del Poder Judicial los que determinen la pena", concluyó. EFE
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