Javier Otazu
Nueva York, 26 jun (EFE).- El rosario de procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos a exdirigentes políticos latinoamericanos o a 'capos' del narcotráfico de alto nivel, de las que la sentencia de este miércoles al hondureño Juan Orlando Hernández (condenado a 45 años) es el ejemplo más reciente, arroja una imagen sobre el sistema de justicia en Latinoamérica que oscila entre la desconfianza y el anacronismo.
Por los tribunales estadounidenses, y particularmente por los neoyorquinos, han pasado en los últimos años personalidades del nivel de Hernández, el secretario de Seguridad de México Genaro García Luna o líderes continentales del narcotráfico como el mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán o el colombiano Dairo Antonio Úsuga 'Otoniel'.
¿Pudieron haber sido juzgados en sus países? ¿Contaban allí los juicios con las debidas garantías procesales? ¿No existe el temor a una Justicia politizada o, lo que es peor, atravesada por la corrupción?
Para Brian Winter, analista de políticas latinoamericanas y vicepresidente del Consejo de las Américas, esta aparente dependencia del sistema judicial estadounidense para impartir justicia es síntoma de "un cierto anacronismo", toda vez que la región ha cambiado mucho en los últimos treinta años y su institucionalidad se ha fortalecido en la mayoría de países de América Latina.
En 1992, cuando se celebró en Miami el proceso contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, la región sufría todavía una epidemia de regímenes autoritarios, lo que sembraba dudas sobre unos sistemas judiciales que no despertaban mucha confianza interna ni externa.
Actualmente, solo los poderes judiciales de algunos estados centroamericanos -Guatemala y Nicaragua, principalmente- merecen reprobaciones periódicas de la ONU, pero no es el caso de la mayor parte de la región.
Winter rechaza además que el recurso a los tribunales estadounidenses sea equiparable a alguna forma de 'imperialismo', toda vez que estos casos tan sonados llegan a Estados Unidos "por decisiones soberanas de los gobiernos latinoamericanos", que en muchos casos han aceptado firmar acuerdos de extradición con Estados Unidos.
El caso más paradójico ha sido el del hondureño Hernández: fue durante su mandato cuando Honduras y EE.UU. firmaron un acuerdo de extradición, y ese acuerdo permitió que apenas unos días después de abandonar el cargo fuera detenido y trasladado con toda legalidad a territorio estadounidense.
Fue tal vez por ello que el juez Kevin Castel lo acusó de "tener dos caras", ya que, por un lado, proclamaba ser el mejor aliado de Washington contra el narco, mientras que en privado confesaba a otro traficante que planeaba "meter las drogas por las narices a los gringos", según el documento de la Fiscalía.
Una de las particularidades del sistema judicial estadounidense es la "recompensa por delación": un reo ya condenado puede acceder a beneficios penitenciarios mediante acuerdos con la Fiscalía si accede a delatar a autores o cómplices de otros delitos, y esto se utiliza casi sistemáticamente en casos de narcotráfico. Se conoce como el 'programa de protección de testigos'.
Precisamente la defensa de Juan Orlando Hernández ha puesto en entredicho la fiabilidad de esos testimonios por proceder de notorios asesinos y ladrones de cuya palabra no cabe fiarse y que, más aún, pueden inventar cualquier acusación con tal de salir beneficiados.
Sin embargo, Winter lo defiende y dice que cuenta con herramientas para verificar la información y que no se convierta en mera venganza, y apunta a que es un sistema que ha permitido cerrar abundantes casos. De hecho -añade- Brasil y Argentina también lo han adoptado, y en el caso de Brasil, jamás habría llegado al famoso entramado de corrupción "Lava Jato" si no fuera con los incentivos a las delaciones. EFE
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