El abogado de Juan Orlando Hernández anuncia que apelarán la sentencia

Nueva York, 26 jun (EFE). El abogado del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) dijo que apelará la sentencia de 45 años de prisión y 5 de libertad condicional impuesta este miércoles al exmandatario por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Con la mirada algo perdida y el semblante serio, el letrado Renato Stabile manifestó su descontento a la prensa y señaló que la sentencia "no es una victoria", por lo que la recurrirán para tratar de conseguir un nuevo juicio.

"No creo que haya una reducción de la pena, queremos que haya un nuevo juicio. (JOH) considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente”, aseguró Stabile.

Desde hoy, la defensa tiene un plazo de 14 días para comunicar a la Corte su decisión de apelar. Stabile aclaró que será "un proceso largo" para el que JOH está mentalmente preparado.

Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado este miércoles a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, con lo que se libra de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.

El juez Kevin Castel le impuso además una multa de 8 millones de dólares, y emplazó al abogado a que aclare en dos semanas cómo los pagará.

Fuera del tribunal, los hondureños que se congregaban con banderas de su país y fotos de las víctimas mortales del Gobierno de JOH se mostraban decepcionados con la sentencia y calificaban de "demasiado benévolo" a Castel.

Además, se quejaban de que este caso "podría sentar un precedente" negativo en Honduras, puesto que, según ellos, se da a entender a otros políticos que cometer este tipo de delitos sale "barato".

Esta mañana, un centenar de hondureños hacían fila para presenciar en persona la sentencia a Juan Orlando Hernández, argumentando que querían ver "cómo se hacía justicia".

Algunos esperaban fuera de la corte desde las tres de la mañana, como es el caso de Cristi Rubí, que viajó desde Iowa a la Gran Manzana, o Gloria Maldonado, que aseguró que hasta "tres cadenas perpetuas" eran pocas para JOH.

Por su parte, Alan Martínez, que se mudó a Nueva York en 2002, señalaba lo "triste" que es que en Honduras "este tipo de criminales no se enfrenten a la ley", pero dijo alegrarse por que en Estados Unidos "se le juzgue debidamente".

Cristina, una mujer que vivió en Honduras durante el primer mandato de JOH, se mostró crítica con este punto de vista y señaló que aquí "se juzga a una persona que deja en el país un panorama desolador", por lo que al final "paga la ciudadanía".

Juan Orlando Hernández permanecerá en una prisión de Brooklyn (Nueva York) hasta dentro de 120 días, cuando el juez decidirá en qué cárcel deberá cumplir sentencia el exmandatario.

Nueva York, 26 jun (EFE).- El rosario de procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos a exdirigentes políticos latinoamericanos o a 'capos' del narcotráfico de alto nivel, de las que la sentencia de este miércoles al hondureño Juan Orlando Hernández (condenado a 45 años) es el ejemplo más reciente, arroja una imagen sobre el sistema de justicia en Latinoamérica que oscila entre la desconfianza y el anacronismo.

Por los tribunales estadounidenses, y particularmente por los neoyorquinos, han pasado en los últimos años personalidades del nivel de Hernández, el secretario de Seguridad de México Genaro García Luna o líderes continentales del narcotráfico como el mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán o el colombiano Dairo Antonio Úsuga 'Otoniel'.

¿Pudieron haber sido juzgados en sus países? ¿Contaban allí los juicios con las debidas garantías procesales? ¿No existe el temor a una Justicia politizada o, lo que es peor, atravesada por la corrupción?

Para Brian Winter, analista de políticas latinoamericanas y vicepresidente del Consejo de las Américas, esta aparente dependencia del sistema judicial estadounidense para impartir justicia es síntoma de "un cierto anacronismo", toda vez que la región ha cambiado mucho en los últimos treinta años y su institucionalidad se ha fortalecido en la mayoría de países de América Latina.

En 1992, cuando se celebró en Miami el proceso contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, la región sufría todavía una epidemia de regímenes autoritarios, lo que sembraba dudas sobre unos sistemas judiciales que no despertaban mucha confianza interna ni externa.

Actualmente, solo los poderes judiciales de algunos estados centroamericanos -Guatemala y Nicaragua, principalmente- merecen reprobaciones periódicas de la ONU, pero no es el caso de la mayor parte de la región.

Winter rechaza además que el recurso a los tribunales estadounidenses sea equiparable a alguna forma de 'imperialismo', toda vez que estos casos tan sonados llegan a Estados Unidos "por decisiones soberanas de los gobiernos latinoamericanos", que en muchos casos han aceptado firmar acuerdos de extradición con Estados Unidos.

El caso más paradójico ha sido el del hondureño Hernández: fue durante su mandato cuando Honduras y EE.UU. firmaron un acuerdo de extradición, y ese acuerdo permitió que apenas unos días después de abandonar el cargo fuera detenido y trasladado con toda legalidad a territorio estadounidense.

Fue tal vez por ello que el juez Kevin Castel lo acusó de "tener dos caras", ya que, por un lado, proclamaba ser el mejor aliado de Washington contra el narco, mientras que en privado confesaba a otro traficante que planeaba "meter las drogas por las narices a los gringos", según el documento de la Fiscalía.

Una de las particularidades del sistema judicial estadounidense es la "recompensa por delación": un reo ya condenado puede acceder a beneficios penitenciarios mediante acuerdos con la Fiscalía si accede a delatar a autores o cómplices de otros delitos, y esto se utiliza casi sistemáticamente en casos de narcotráfico. Se conoce como el 'programa de protección de testigos'.

Precisamente la defensa de Juan Orlando Hernández ha puesto en entredicho la fiabilidad de esos testimonios por proceder de notorios asesinos y ladrones de cuya palabra no cabe fiarse y que, más aún, pueden inventar cualquier acusación con tal de salir beneficiados.

Sin embargo, Winter lo defiende y dice que cuenta con herramientas para verificar la información y que no se convierta en mera venganza, y apunta a que es un sistema que ha permitido cerrar abundantes casos. De hecho -añade- Brasil y Argentina también lo han adoptado, y en el caso de Brasil, jamás habría llegado al famoso entramado de corrupción "Lava Jato" si no fuera con los incentivos a las delaciones.

Javier Otazu