Quito, 25 jun (EFE).- La decisión del Gobierno de Ecuador de revocar este martes el visado a la periodista y actriz cubana Alondra Santiago muestra el ejercicio arbitrario del poder, según afirmó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, un importante colectivo de defensa de las garantías civiles en el país.
La administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa confirmó que retiró el visado de residencia permanente a Santiago, que vive en Ecuador desde hace veinte años, por presuntos actos contra la seguridad nacional, con base en un "informe secreto" del Centro de Inteligencia.
A través de su programa de entrevistas 'Ingobernables', que se emite en redes sociales y que cuenta con amplia audiencia, Santiago se había mostrado crítica contra Noboa y en las últimas elecciones había manifestado su simpatía por Luisa González, la candidata del correísmo.
Semanas atrás fue duramente criticada por usar el himno nacional ecuatoriano para hacer una parodia sobre la gestión del presidente Noboa, recordó la Alianza.
Precisamente, el Gobierno de Ecuador emitió este martes el himno nacional en una cadena nacional (mensaje a la nación) a través de los medios de comunicación, con la frase previa "por respeto al país".
En un pronunciamiento, esta plataforma consideró que Santiago es "víctima de violación de sus derechos constitucionales por parte de funcionarios del Estado", que han actuado "sin competencia" y atropellado las "garantías del debido proceso".
Además, el colectivo pro derechos humanos aseguró que en este caso se han vulnerado los derechos a la "libertad de expresión, el acceso a la información, la igualdad, la prohibición de discriminación, entre otros".
No obstante, el colectivo humanitario recordó que la carta magna garantiza los mismos derechos y deberes a los ciudadanos ecuatorianos que a los extranjeros residentes en el país, y prohíbe la discriminación.
Santiago "tiene el mismo derecho de expresar libremente su opinión", pero también a gozar de garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Además, la periodista cubana tenía un visado de amparo desde que llegó al país cuando tenía 13 años, y por ser hija de una ecuatoriana naturalizada.
A Santiago se le acusa de haber atentado contra la seguridad pública o la estructura del Estado, pero esa declaración debería obedecer a un proceso judicial con todas las garantías procesales, añadió la fuente.
Este tipo de declaraciones no es una facultad discrecional de una autoridad administrativa, "menos aún ejercida bajo la opacidad de la calificación de 'secreta'", agregó el colectivo.
Según el grupo, "estas prácticas autoritarias no son propias de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia", y la Cancillería, que basa su anunció en el reporte "secreto" del Ministerio del Interior, "debió velar" y asegurarse que la media cumplió con el debido proceso.
Sobre todo, debió garantizarse la presunción de inocencia y su derecho a la defensa, "lo que como es evidente en el caso de Alondra Santiago no ocurrió", remarcó la Alianza.
Recordó, que según la normativa ecuatoriana, "los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos" y que los funcionarios que hayan incurrido en este tipo de faltas podrían ser sancionados.
El pronunciamiento de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos se sumó a una oleada de reacciones, la mayor parte de ellas en apoyo a la causa de la periodista cubana y de crítica a la actuación de las autoridades ecuatorianas.
Periodistas, políticos y académicos han mostrado su respaldo a Alondra Santiago, que podría ser deportada en los próximos días. EFE
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