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La Haya, 25 jun (EFE).- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) compartió este martes con la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) documentos con "pruebas" de presuntos “crímenes de lesa humanidad” en Perú con el “asesinato” de 49 personas durante la represión de las protestas antigubernamentales entre 2022 y 2023.
La FIDH presentó, junto a su miembro local, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Perú (APRODEH), lo que se conoce como “comunicación”, información sobre lo que se cree que representa algún crimen grave bajo jurisdicción de la CPI (crimen de guerra, de lesa humanidad o genocidio), y que aparentemente la Justicia nacional no ha perseguido de forma justa.
En este caso, representantes de ambas ONG se han reunido hoy con miembros de la oficina del fiscal de la CPI para compartir lo que consideran “evidencias” de crímenes de lesa humanidad: asesinatos e intentos de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
También hablaron de lo que consideran “creciente autoritarismo, la corrupción endémica y la captura de las instituciones” en el Perú de la presidenta Dina Boluarte.
Detallaron “el ataque sistemático” al que se sometió a los manifestantes y el uso de “violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente contra de hombres jóvenes e indígenas”.
“Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses”, alertaron.
Debido a esto, ambas organizaciones instaron al fiscal de la CPI, Karim Khan, a “abrir” una investigación sobre la situación en Perú en el periodo informado y desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Individuos, organizaciones y gobiernos pueden enviar comunicaciones a la fiscalía de la CPI, lo que se puede hacer de forma telemática, y esto podría incluir documentos que puedan apoyar investigaciones ya abiertas, o pruebas de presuntos crímenes que la CPI no está investigando, pero eso no supone la apertura automática ni obligatoria de una investigación.
En general, son los países miembros del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la CPI) o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quienes refieren los crímenes al fiscal.
La fiscalía tiene posibilidades de abrir por iniciativa propia una investigación si ve que hay pruebas creíbles de los crímenes, pero, en ese caso, la debe autorizar la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. Además, debido al principio de complementariedad, la CPI sólo intervendrá si se demuestra que los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos ni son capaces de investigar y juzgar esos crímenes.
“Se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una y los patrones de las lesiones: impactos de balas (en torsos y rostros). La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta”, señaló Gloria Cano, directora de APRODEH. La comunicación incluye el caso de 937 heridos.
Además, Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, subrayó el “evidente racismo de los asesinatos” de personas indígenas (quechuas y aymaras) en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, acusadas sin pruebas de pertenecer a grupos terroristas.
“Los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, explicó Reyes.
En los documentos entregados, se apunta a la existencia de disposiciones y recursos dados por el gobierno de Boluarte para que “la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo”, y se subrayan los “Planes de Operaciones” justificados con decretos de emergencia emitidos por la Presidencia y el Consejo de Ministros.
