Apoyos a la CPI tras un mes estudiando órdenes de arresto de líderes israelíes y de Hamas

Imane Rachidi

La Haya, 20 jun (EFE).- Aumentan las muestras de apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a amenazas recientes recibidas por su investigación sobre la situación en Palestina, mientras tres de sus jueces estudian cinco órdenes de arresto solicitadas hace hoy un mes por el fiscal Karim Khan contra dos líderes israelíes y tres del grupo islamista Hamas.

Son cada vez más los países que muestran su apoyo a la CPI en su trabajo para llevar a los máximos responsables de los crímenes más graves ante la Justicia internacional. La última ha sido una declaración reciente de “apoyo inquebrantable” a la Corte firmada por 93 países miembros que reafirmaron su respaldo a esta “institución judicial independiente e imparcial”.

“Los funcionarios de la CPI simplemente están haciendo su trabajo. La declaración conjunta envía un mensaje contundente de que los miembros de la CPI respaldan a la Corte y no cederán ante los esfuerzos para socavar su independencia”, añadió la organización Human Rights Watch.

Esa declaración sigue expresiones similares como la emitida por la Asamblea de Estados Partes de la CPI, órgano legislativo y de supervisión compuesto por representantes de todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

Advirtió el 17 de mayo que no se dejará “intimidar por amenazas o medidas” contra el tribunal y condenó los intentos de “socavar la independencia, integridad e imparcialidad” de la institución judicial.

En plenas especulaciones sobre la posibilidad de que la CPI emita órdenes de arresto contra miembros del gobierno israelí, un total de 12 senadores estadounidenses amenazaron con sancionar a Khan si perseguía casos contra altos funcionarios israelíes, y el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó a sus aliados a impedir que la Corte dé ese paso.

En respuesta, el fiscal pidió que “todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios cesen de inmediato” y alertó de que amenazar al tribunal, incluso cuando “no se actúa en consecuencia”, puede “constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma”.

No hay fecha para que los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI tomen una decisión sobre las órdenes de arresto solicitadas el 20 de mayo por Khan, pero tampoco hay un plazo máximo para decidir. En el pasado, se ha tardado desde unas semanas a meses.

Lo que tiene la Sala sobre la mesa son órdenes de detención de Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes en la Franja de Gaza desde al menos el 8 de octubre pasado.

Khan los considera “coautores” y responsables “superiores” de cuatro crímenes de guerra (uso del hambre como método de guerra; trato cruel y gran sufrimiento intencionado o daños graves a la integridad física y la salud; asesinato intencionado; ataques intencionadamente dirigidos contra la población civil) y tres crímenes de lesa humanidad (exterminio y asesinato, incluido en el contexto de muertes causadas por hambre; persecución; y otros actos inhumanos).

Las pruebas, argumentó Khan, “muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en toda Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana” y los medios elegidos para lograr “objetivos militares” son “criminales”.

En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), el fiscal solicitó el arresto del líder de grupo, Yahya Sinwar; su buró político Ismail Haniyeh; y Mohamed Diab Ibrahim al Masri (Deif), jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam) por crímenes en Israel y el Estado de Palestina desde el 7 de octubre.

El caso de Hamás incluye seis crímenes de guerra (asesinato, toma de rehenes, y otros crímenes cometidos en el contexto de cautiverio: violación y actos de violencia sexual, tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal) y cinco de lesa humanidad (exterminio, asesinato, violación y otros actos de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos).

Esto supone que los tres miembros del movimiento islámico son presuntamente “responsables a nivel penal de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas” y la “toma de al menos 245 rehenes”.

La Corte tiene 124 miembros, entre los que no están ni Israel, ni su aliado Estados Unidos, que no han ratificado el Estatuto de Roma, ni reconocen la legitimidad de la CPI en la investigación abierta ya en 2021 por crímenes cometidos por milicias palestinos y Ejército israelí desde 2014 en Palestina. EFE

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