Las autoridades de Burkina Faso han anunciado este martes la suspensión durante seis meses de las emisiones de la cadena de televisión francesa TV5 Monde, a la cual han impuesto también una multa de 50 millones de francos centroafricanos (más de 76.000 euros) por emitir críticas al Ejército burkinés. El Consejo Superior de la Comunicación (CSC) ha indicado que la decisión "se debe a violaciones de la ley constatadas en el contenido de una de las ediciones del informativo televisivo del 17 de junio", en el que el tertuliano Newton Ahmed Barry, ex editor jefe del periódico burkinés L'Evènement, realizó "insinuaciones maliciosas y comentarios tendenciosos que rayan la desinformación". Específicamente, el organismo ha considerado que sus afirmaciones "tienden a minimizar los esfuerzos realizados por las autoridades de transición, las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) y las poblaciones en el impulso de reconquistar el territorio nacional", en referencia a la presencia del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial más grande de Al Qaeda en África Occidental y el Sahel, y otros grupos yihadistas relacionados con Estado Islámico, que han provocado inseguridad y una oleada de desplazados. "El CSC aprovecha esta oportunidad para pedir a todos los medios de comunicación que demuestren una mayor profesionalidad en el tratamiento de la información relacionada con la crisis de seguridad en Burkina Faso", concluye el comunicado. TV5 Monde y otros ocho medios internacionales fueron sancionados durante dos semanas a finales de abril "en relación con la difusión del contenido de un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que lanzaba graves acusaciones contra las Fuerzas Armadas nacionales". Entonces, la ONG acusó al Ejército de llevar a cabo varias masacres a finales de febrero en tres localidades de la provincia de yatenga, en el norte del país, que se saldaron con la vida de 200 civiles y que achacaron a la "campaña" militar contra aquellos civiles sospechosos de colaborar con grupos yihadistas que operan en la región. La ONG entrevistó a una veintena de personas, entre las que había testigos, supervivientes y activistas locales, quienes detallaron que, tras el paso de un grupo de yihadistas por la zona, llegó un convoy militar con más de un centenar de soldados que comenzaron a llamar "puerta por puerta" para pedir a la gente que saliera de sus casas y a mostrar sus identidades. Tras ello, los militares supuestamente dispararon a la población, que previamente había sido separada entre hombres y mujeres. Los supervivientes aseguran que enterraron a las víctimas en varias fosas comunes, aunque otros cuerpos que fueron recuperados días más tarde recibieron un entierro individual.
