Amnistía denuncia detenciones "masivas y arbitrarias" y deportación ilegal de refugiados sudaneses desde Egipto

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles las detenciones "masivas y arbitrarias" y las deportaciones ilegales de refugiados sudaneses desde Egipto, a donde llegaron huyendo del conflicto desatado en abril de 2023 en el país entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), al tiempo que ha pedido a El Cairo que ponga fin "inmediatamente" a estas medidas. El informe 'Esposados como criminales peligrosos: detención arbitraria y devoluciones forzosas de refugiados sudaneses en Egipto', revela que las fuerzas de seguridad detienen y deportan ilegalmente a Sudán a estas personas sin garantías procesales ni oportunidad de solicitar asilo, lo que supone una violación del Derecho Internacional. Así, afirma que hay pruebas que apuntan a que miles de refugiados sudaneses habrían sido detenidos de forma arbitraria y expulsados del país, después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calculara que sólo en septiembre de 2023 fueron deportadas 3.000 personas de Egipto a Sudán. "Es inconcebible que se detenga en masa y se someta a detención arbitraria en condiciones deplorables e inhumanas a mujeres, hombres, niñas y niños sudaneses que huyen del conflicto armado en su país y tratan de ponerse a salvo cruzando la frontera de Egipto, y que luego se deporte a estas personas ilegítimamente", ha dicho la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Sara Hashash. "Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a esta virulenta campaña de detenciones masivas y expulsiones colectivas. Deben cumplir las obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del derecho de refugiados: proporcionar a quienes huyen del conflicto en Sudán paso seguro y digno a Egipto y acceso sin restricciones a los procedimientos de asilo", ha añadido. Egipto acogió durante décadas a millones de sudaneses que estudiaban, trabajaban, invertían o recibían asistencia sanitaria en el país, con las mujeres y niñas sudanesas, así como los niños menores de 16 años y los hombres mayores de 49 exentos de cumplimentar los requisitos de entrada al país africano. Tras estallar el conflicto en Sudán, unas 500.000 personas huyeron hacia Egipto, si bien en mayo de 2023 las autoridades egipcias impusieron el requisito de visado de entrada para todos los sudaneses, lo que llevó a los que huían a recurrir a cruzar la frontera de forma irregular para escapar de los combates, que siguen activos y se han recrudecido en los últimos meses en la región de Darfur (oeste). De esta forma, el informe recoge los casos de 27 sudaneses que estuvieron detenidos de forma arbitraria junto a otras 260 personas entre octubre de 2023 y marzo de 2024 y refleja que las autoridades deportaron a la fuerza a 800 sudaneses entre enero y marzo de este año tras negarles la posibilidad de solicitar asilo, incluso a través de ACNUR, e impugnar las órdenes de deportación. El documento señala además que estas acciones se han visto acompañadas de un aumento de los sentimientos racistas en Internet y en los medios de comunicación en el país, mientras que altos cargos egipcios han criticado la "carga" que supone acoger a "millones" de refugiados, en medio del aumento de la cooperación de la Unión Europea (UE) con Egipto en materia de migración y control de fronteras. El bloque y El Cairo firmaron en octubre de 2022 un acuerdo de cooperación por 80 millones de euros que incluía un refuerzo de las capacidades de los guardias fronterizos para frenar la migración irregular y la trata de personas, mientras que en marzo de 2024 se acordó un nuevo paquete de ayuda en el que la migración es un pilar fundamental. "Al cooperar con Egipto en el ámbito de la migración sin salvaguardias rigurosas de los Derechos Humanos, la UE se expone a ser cómplice de las violaciones de los Derechos Humanos que comete el país", ha recalcado Hashash, que ha añadido que "la UE debe presionar a las autoridades egipcias con el fin de que adopten medidas concretas para proteger a las personas refugiadas y migrantes". En este sentido, ha apuntado que "la UE también debe llevar a cabo evaluaciones rigurosas de los riesgos para los Derechos Humanos antes de poner en marcha cualquier cooperación en materia de migración, además de establecer mecanismos de vigilancia independientes con parámetros de referencia claros en lo que respecta a los derechos humanos". "Si hay riesgos o informes de abusos, la cooperación debe detenerse o suspenderse de inmediato", ha valorado. DETENCIONES Y PROCESO DE EXPULSIÓN La ONG ha especificado que las detenciones han tenido lugar principalmente en El Cairo y Giza, así como en la provincia de Asuán, situada en la frontera con Egipto, donde se llevan a cabo controles de identidad a personas negras, lo que ha sembrado el miedo entre la comunidad refugiada y ha provocado que muchas personas teman salir de casa. Así, ha resaltado que los detenidos son trasladados a comisarías o a un campamento de las Fuerzas de Seguridad Central en Shallal o a centros de detención improvisados, incluidos unos almacenes en una instalación militar en Abú Simbel y una cuadra en otra base cerca de Nagaa al Karur, donde las condiciones son "crueles e inhumanas". Además, ha manifestado que algunas personas fueron detenidas en hospitales, mientras que ha revisado fotos y vídeos en enero de 2024 en los que aparecían mujeres y niños sentados entre basura en un almacén bajo control de la Guardia Fronteriza. Algunos entrevistados han detallado que los almacenes estaban infestados de ratas y que tuvieron que pasar noches sin ropa ni mantas. Finalmente, tras un periodo de detención de entre días y seis semanas, los agentes esposan y trasladan a estas personas al paso fronterizo de Qustul Ashkit, donde son entregadas a las autoridades de Sudán, pese al riesgo de que sufran violaciones de los Derechos Humanos a su regreso al país. La guerra estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como una organización terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los combates han dejado ya más de diez millones de desplazados internos. El conflicto en el país, en el que viven cerca de 50 millones de personas, tiene su epicentro durante las últimas semanas en la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, donde cerca de 800.000 civiles permanecen atrapados en medio de los intensos enfrentamientos entre el Ejército y las RSF, que impusieron un cerco a la ciudad.