Bangkok, 18 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia pidió este martes más pruebas y documentación en el inicio de dos casos separados contra el primer ministro, Srettha Thaivisin, y el principal partido de la oposición, Avanzar (Move Foward), dos procesos que ponen en vilo la estabilidad política.
Srettha se enfrenta a una posible inhabilitación por violar un código ético tras nombrar ministro a una persona condenada en el pasado por corrupción, mientras que Avanzar podría ser disuelto por haber propuesto una reforma de la ley de lesa majestad, lo que ha sido interpretado como atentar contra la monarquía constitucional.
La próxima sesión para el caso del primer ministro será el próximo 10 de julio, mientras que el tribunal se reunirá otra vez para abordar la acusación contra Avanzar los próximos 3 y 9 de julio, según un comunicado de la corte.
El panel de jueces del Constitucional pidió más pruebas documentales a las partes en el caso contra Srettha, que nombró como ministro de Finanzas a Pichit Chuenban, quien fue condenado en 2008 a seis meses de prisión por un delito de intento de soborno a funcionarios judiciales.
Unos 40 senadores, elegidos a dedo por la extinta junta militar (2014-2019) y que terminaron en mayo su mandato, denunciaron en abril el caso ante el Constitucional y Pichit dimitió unas semanas más tarde.
Pichit es un abogado cercano al exmandatario Thaksin Shinawatra, que regresó el pasado agosto de un exilio de 15 años y es cercano al primer ministro.
Si el tribunal determina que el primer ministro se extralimitó en sus funciones, Srettha afronta una posible inhabilitación política y ello derivaría en la caída del actual Gobierno.
Respecto al caso contra Avanzar, los magistrados del Constitucional solicitaron más testimonios escritos en un plazo de siete días sobre varios asuntos presentados por el tribunal.
Avanzar, que ganó las elecciones de mayo de 2023 pero no pudo formar Gobierno debido al bloqueo del Senado no electo, está acusado de buscar derrocar la monarquía constitucional al proponer la reforma de la ley de lesa majestad.
La ley de lesa majestad, contenida en el artículo 112 del Código Penal, castiga con entre 3 y 15 años de cárcel las críticas contra la familia real, lo que ha sido criticado por la ONU por vulnerar la libertad de expresión y ser excesivamente estricta.
Este martes fue un día de tensión judicial, ya que Thaksin también fue acusado de vulnerar el artículo 112 por una entrevista concedida a un medio surcoreano en 2015.
Por otro lado, el Constitucional dio luz verde a las elecciones del Senado, que se celebran en tres días diferentes, tras la denuncias de varios candidatos por presuntas irregularidades.