Lisboa, 14 jun (EFE).- El Consejo de Ministros de Portugal aprobó este viernes el alivio de algunas de las restricciones del uso del agua aplicadas para afrontar la sequía en el Algarve (al sur del país) gracias a las lluvias registradas en los últimos meses.
"Estas restricciones, para ser justas y comprendidas y aceptadas, tienen que ser proporcionales. Si llueve un poco más, si la dimensión y el drama de la sequía disminuye, de algún modo debemos ajustar las medidas", explicó hoy el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa.
El ministro añadió que esta decisión será revisada cada dos meses, y contempla siempre que no se ponga en riesgo el consumo urbano para un año en la región, que acumula una década de precipitaciones por debajo de la media.
Este alivio de las limitaciones beneficiará también al sector agrícola, que estaba "particularmente penalizado", así como al sector turístico.
El nuevo Ejecutivo actualiza así las restricciones impuestas al consumo de agua en el Algarve por el pasado Gobierno, que estipuló en enero que la limitación sería del 15 % para el sector urbano y el turismo y del 25 % para la agricultura.
Con esta nueva decisión, la restricción será del 13 % en agricultura y turismo y del 10 % en el sector urbano.
Leitão Amaro añadió que, a esta reducción, se suma el impulso de la inversión para aumentar la disponibilidad hídrica y la movilización de los fondos provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).
En línea con lo avanzado en mayo por el Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro, entre las medidas aprobadas hoy está la inversión de 103 millones de euros para mejorar la red urbana y disminuir las pérdidas de agua, que son "muy significativas", entre otros temas.
Por otra parte, el Consejo de Ministros presentó un paquete de medidas para afrontar la falta de profesores en el sistema educativo público que tendrá un costo de cerca de 20 millones de euros, informó en esa misma rueda de prensa el ministro de Educación, Fernando Alexandre.
Según sus cifras, en septiembre de 2023, cuando comenzó el actual curso académico, había 324.228 alumnos sin clase en al menos alguna disciplina, un problema que fue rebajándose a lo largo de las meses, aunque no del todo, ya que en mayo los alumnos afectados rondaban los 22.000.
Entre las medidas propuestas está la simplificación del trabajo docente y el refuerzo de los técnicos superiores, la flexibilización de las horas extraordinarias y reclutar docentes jubilados.
El objetivo de este programa es reducir en un 90 % el número de alumnos afectados en el primer periodo del próximo año lectivo.