Comisión parlamentaria que investigó el asesinato de Villavicencio apunta a móvil político

Quito, 13 jun (EFE).- La comisión especial de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, que investigó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado, halló indicios de un móvil político en el crimen, según su informe, aprobado este jueves con seis votos a favor y uno en contra.

En el informe final, que será entregado al pleno de la Asamblea Nacional, se indicó que al momento del crimen el riesgo de un atentado sobre su vida alcanzaba una tasa del 93 %.

Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 tras ser asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, a las que se presentó como candidato presidencial por el movimiento Construye.

El informe de la comisión parlamentaria que indagó sobre su asesinato reveló que el trabajo de Villavicencio, quien había denunciado más de una quincena de casos de corrupción que salpicaron a varios gobiernos, le llevó a ser blanco de grupos ilegales.

La Asamblea indicó que aparentemente existían organizaciones criminales que buscaban acabar con la vida del político y que aparentemente contaban con el apoyo de funcionarios públicos, políticos y hasta periodistas.

En el informe "aparecen los nombres de Xavier Jordán (empresario), Ronny Aleaga (un exasambleísta del correísmo), quienes tenían la misión de desprestigiar a Villavicencio", agregó la fuente.

Asimismo, el documento asevera que el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, había presuntamente acordado con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel en 2022, "ocultar información a Fernando Villavicencio, información que consta en el proceso del caso Metástasis" que investiga la Fiscalía del Estado.

Un informe preliminar recomendaba investigar a mayor profundidad el crimen de Villavicencio, pero también "recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales".

En el documento también se observó que el dispositivo de seguridad policial de Villavicencio, cuando fue asesinado, no cumplía con las demandas de protección requeridas.

"El crimen de Fernando Villavicencio, sus autores, cómplices, encubridores, financistas, responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley. Ni el Estado ni la sociedad podemos permitir la impunidad en este caso", recoge el texto preliminar.

Asimismo, reprochó a entidades que no atendieron peticiones de información formuladas por la comisión, y la ausencia de varias personas que fueron convocadas a comparecer.

El pasado 28 de abril, una jueza ecuatoriana resolvió abrir juicio contra cinco de los seis acusados por la Fiscalía en el caso del asesinato de Villavicencio, cuyas sospechas recaen en una facción de una banda criminal conocida como Los Lobos que tiene como cabecilla a Carlos Angulo ('El Invisible'), al que la Policía señala como presunto autor intelectual.

Los cinco acusados y el absuelto por la jueza son los únicos supervivientes de los catorce involucrados presuntamente en el crimen, pues ocho de ellos, entre los que están los siete sicarios colombianos que participaron en la ejecución del atentado, aparecieron muertos cuando estaban en la cárcel.

Uno de ellos, el que efectuó los disparos contra Villavicencio, murió en la escena del crimen producto de los disparos del equipo de seguridad que acompañaba al candidato, mientras que los otros seis fueron presuntamente ahorcados semanas después en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador.

También apareció muerto en circunstancias similares en una cárcel de Quito otro de los involucrados en las investigaciones.

Los Lobos son una de las bandas criminales que, enfocadas principalmente en el narcotráfico, son señaladas como las causantes de la ola de violencia que vive Ecuador, motivo por el que el actual presidente, Daniel Noboa, elevó la lucha contra ellas a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a catalogarlas como grupos terroristas.