Lima, 13 jun (EFE).- Unos 600 casos que sigue la Justicia de Perú por violaciones a los derechos humanos pueden ser archivados o concluidos si el Congreso aprueba un proyecto de ley que impide procesar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002, alertó este jueves el Ministerio Público.
La Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que señaló que este proyecto "resulta inviable jurídicamente" porque "la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles".
Por ese motivo remarcó que, de aprobarse, se "generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares".
"De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos", remarcó.
Detalló que se tendría que declarar "la prescripción de acción penal en aproximadamente 600 casos", y mencionó entre los más emblemáticos a la masacre de El Frontón, Barrios Altos, Madre Mía, Cantuta-Pativilca, Putis y Accomarca.
Advirtió que "se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad".
"Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos", recordó.
Por ese motivo, el Ministerio Público llamó "a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional".
El Congreso aprobó el pasado 6 de junio, en una primera votación, el proyecto que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La iniciativa, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, aún debe ser refrendada en una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
El Ministerio Público emitió este comunicado en medio de un enfrentamiento público que mantiene con el Congreso, con exigencias mutuas de respeto a la separación de poderes y las facultades que les otorga la Constitución.
Mientras que la Fiscalía pide al Congreso "el respeto irrestricto" por la Constitución en los proyectos de ley que somete a debate y votación, el Parlamento sostuvo que "existen mecanismos constitucionales para impugnar las leyes" y exhortó al Ministerio Público "a dejar de lado la politización". EFE
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