La Paz, 7 jun (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este viernes que el incendio forestal que amenaza al menos a dos poblaciones fronterizas con Brasil y una importante reserva natural está "controlado" a pesar de que el fuego se mantiene en el lado brasileño.
"El incendio está controlado, pero no está sofocado", declaró a los medios el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
Las poblaciones de Puerto Quijarro y Puerto Suárez fueron las más afectadas por el incendio que el pasado fin de semana ingresó al lado boliviano y dejó una estela de humo, por lo que se suspendieron las clases presenciales en las escuelas.
Este hecho puso en alerta a las autoridades locales, que reportaron que el fuego afectó al Parque Nacional Otuquis.
Calvimontes señaló que "el peligro ha pasado" en el territorio boliviano porque la cabeza del fuego está a unos 15 kilómetros de las dos localidades y sin el riesgo de que afecte a alguien.
Para esta jornada está previsto un sobrevuelo en la zona afectada para definir las acciones de emergencia, mientras que los grupos de bomberos forestales aún trabajan en la construcción de "sistemas defensivos", dijo.
Asimismo, el viceministro indicó el último reporte señala que en Bolivia están activos 2.832 focos de calor, que son parte de los 'chaqueos' o quemas autorizadas que se hacen principalmente en el oriente del país para habilitar los terrenos para la agricultura y la ganadería.
La mayoría de esos fuegos están ubicados en los departamentos de Santa Cruz (2.234), Beni (509), La Paz (37), Cochabamba (23) y Pando (10).
A finales de mayo, el Gobierno presentó un plan de acción contra los incendios forestales que incluye un Sistema de Monitoreo de Bosques (SIMB) para controlar e identificar posibles zonas vulnerables.
Entre julio y noviembre de 2023, más de 3,3 millones de hectáreas de zonas boscosas, matorrales y pasturas secas se quemaron en al menos 160 incendios forestales registrados en el país.
El año con mayores afectaciones fue 2019, con 5.305.512 hectáreas quemadas, mientras que en 2022 la superficie dañada fue de 4.466.540 hectáreas.
Indígenas, ambientalistas y políticos opositores han pedido varias veces que el Gobierno de Luis Arce anule las normas que desde hace algunos años autorizan los 'chaqueos'. EFE
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