Rached Ghannouchi, imputado por "conspiración contra la seguridad del Estado" en Túnez

Túnez, 5 jun (EFE).- Un juez de instrucción imputó al presidente del partido islamista Ennahda y expresidente del Parlamento tunecino, Rached Ghannouchi, los cargos de "conspiración contra la seguridad del Estado", "atentado dirigido a cambiar la forma de gobierno" e "incitar al pueblo a armarse unos contra otros", informó este miércoles el portavoz del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, Mohamed Zitouna.

En declaraciones a la agencia estatal TAP, el responsable explicó que, tras el cierre de la fase de instrucción, el caso fue transferido al Tribunal de Apelación, en el que se sentarán en el banquillo otros líderes del partido como el exministro de Exteriores y yerno de Ghannouchi, Rafik Abdessalem Bouchleka, y el antiguo miembro de la choura- órgano rector - Youssef Nouri.

También se encuentra el exdiputado de la antigua formación Al Karama (Dignidad)- actualmente desaparecido- Maher Zid y el presentador de televisión Mokdad Mejri. Las autoridades judiciales, señaló Zitouna, han abierto una investigación paralela sobre la financiación ilegal del partido.

Ghannouchi, que cumplirá en pocas semanas 83 años, fue arrestado en abril de 2023 por unas declaraciones en la que alertaba de una "guerra civil" si desaparecían las formaciones islamistas y de izquierda; y al día siguiente las autoridades clausuraron las sedes de Ennahda y prohibieron su actividad, una suspensión "de facto" desde entonces.

Un Tribunal de Primera Instancia lo condenó a doce meses de prisión- pena ampliada hasta los quince meses tras ser revisada- en el llamado 'caso Taghut' ('tirano', de connotación islámica), expresión que el líder dirigió supuestamente contra las fuerzas de seguridad.

Además ha sido sentenciado por un tribunal antiterrorista a un año de prisión y a otros tres años por aceptar "donaciones extranjeras" en una de la decena de procesos iniciados contra él.

La Asociación de Magistrados Tunecinos denuncia la injerencia del Ejecutivo en el poder judicial, especialmente después de que el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- disolviese unilateralmente el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) para sustituirlo por un órgano "provisional".

Desde finales de 2022 las autoridades han detenido a una treintena de figuras políticas por diferentes casos de "complot contra la seguridad del Estado" que se encuentran en prisión provisional desde hace más de un año, a pesar de que el Código Penal limita esta medida a un máximo de 14 meses.

Túnez tiene previsto celebrar elecciones presidenciales antes de finales de año, aunque Said todavía no se ha pronunciado sobre un segundo mandato y la oposición boicotea el sufragio ante la falta de garantías para unos comicios libres.