Montevideo, 30 may (EFE).- La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, dijo este jueves que la búsqueda durante el actual Gobierno de los 197 detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) "avanzó en la medida de las posibilidades".
Así lo aseguró a la prensa al ser preguntada por las críticas que han emitido integrantes de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos sobre que no se exigió lo suficiente a mandos militares para que entreguen información.
Según Argimón, años atrás, cuando presidió la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, fue testigo de una reunión donde el entonces presidente, Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020), pidió a los comandantes en jefe "la entrega de información", algo de lo que también se ocupó el actual presidente, Luis Lacalle Pou.
"El presidente uno de los primeros pasos que dio fue en la charla con nosotros decir 'esto tiene que avanzar' y se avanzó en la medida de las posibilidades", aseguró Argimón, quien acotó que también su primer ministro de Defensa Nacional, Javier García, "ha dado toda la información que ha podido y que está al alcance de este Gobierno".
Estas declaraciones se dan luego de que el martes se anunciara la identificación de los restos hallados el 6 de junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay, que pertenecen a la militante comunista Amelia Sanjurjo Casal.
"Uno siente que cada vez que pasa esto somos una sociedad un poco mejor, pero hay que seguir ratificando el compromiso con la búsqueda de quienes todavía faltan", aseguró la vicepresidenta.
Para Argimón, pese a los escasos avances, pues desde que comenzara la búsqueda en 2005 se encontró en suelo uruguayo restos de seis de los 197 desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, la búsqueda es clave: "Mientras haya búsqueda eso hace que también quienes tengan datos entiendan que es indispensable poder avanzar".
Este miércoles, la cuenta de X de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió un comentario de su representante para Sudamérica, Jan Jarab, quien pidió a Uruguay "avanzar de forma decidida para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de justicia transicional".
"La desaparición forzada no es un asunto del pasado. Es un crimen continuo que deja huellas indelebles en las víctimas, sus familias y toda la sociedad", indica una placa adjunta.
Nacida en 1936, Sanjurjo tenía 40 años cuando, embarazada, fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención La Tablada, donde, según testimonios, fue torturada hasta la muerte.
Si bien su caso judicial fue archivado, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, anunció que pedirá su reapertura.