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Brasilia, 29 may (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) concluyó este miércoles sus sesiones en Brasil sobre el cambio climático con una audiencia volcada a analizar el impacto del fenómeno en las mujeres y las personas LGBTQI+.
Durante las tres sesiones realizadas en Manaos, en la Amazonía brasileña, la CorteIDH ha escuchado a organizaciones sociales, indígenas y académicas para elaborar una opinión consultiva pedida por Colombia y Chile sobre la obligación de los Estados frente al cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos.
Este miércoles, el debate se ha centrado en el impacto de la emergencia climática sobre las mujeres y también en los colectivos LGBTQI+, reconocidos por el tribunal interamericano como unos de los más vulnerables en las sociedades de toda la región.
La colombiana Yoko Ruiz, de la Liga Salud Trans, expuso la forma en que la comunidad LGBTQI+ sufre los desastres climáticos, no sólo cuando se desatan, sino después de la tragedia.
"Los prejuicios de género operan de una forma más cruel después de la tormenta o la inundación, porque los estigmas se refuerzan y suelen restringirnos hasta el acceso a la ayuda humanitaria", dijo.
Karina Trujillo, del grupo Akãhatã, que trabaja en Honduras y Guatemala, agregó que esas situaciones se han presentado en diversos desastres ocurridos en las últimas décadas en toda Centroamérica, entre los que citó el huracán Mitch (1998) y la tormenta Agatha (2010).
La colombiana María Camila Cruz, de la Universidad de Los Andes, lo atribuyó a la discriminación impuesta por "patrones machistas", que afectan también a mujeres "que tienen asignadas unas labores de cuidados" que se dificultan "mucho más" tras un desastre ambiental.
La colombiana Cristina Rosero Arteaga, del Centro de Derechos Reproductivos, planteó desde la misma perspectiva las consecuencias sobre las mujeres de zonas rurales, que también sufren por el uso indiscriminado de agrotóxicos.
Explicó que grandes empresas expanden las fronteras agrícolas, "abusan" de esos productos, contribuyen así con el cambio climático y "afectan la salud de las campesinas embarazadas y de sus hijos ya desde el vientre".
La mexicana Rosa Guzmán, de la Universidad de Monterrey, pidió a la CorteIDH establecer criterios para "la protección de personas frente a actividades empresariales que violan los derechos humanos", mediante una regulación más rigurosa de sus operaciones.
La organización ecuatoriana Acción Ecológica apuntó que, además, se debe responsabilizar a las empresas que "cierran proyectos" tras un desastre y abandonan "sus instalaciones contaminantes".
El informe de esa red citó los casos de Brumadinho (2019) y Mariana (2015), ocurridos en Brasil, donde sendas tragedias mineras causaron cientos de muertos y desaparecidos, dejaron miles de desempleados y un inmenso rastro de destrucción aún no reparado.
El proceso en la CorteIDH sigue el camino de iniciativas similares presentadas ante otras cortes internacionales.
Una fue planteada por la Alianza de Pequeños Estados Insulares al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que la semana pasada estableció que los Estados tienen "obligaciones específicas" y deben prevenir, reducir y controlar la polución marina causada por el efecto invernadero.
Otra acción que propone establecer los "derechos ambientales" tramita en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, impulsada por 130 Estados liderados por Vanuatu, uno de los países insulares más amenazados por el cambio climático.
En el caso de la CorteIDH, tras las sesiones celebradas en abril pasado en Barbados y las realizadas ahora en Brasil, se espera que el tribunal emita su opinión consultiva, no vinculante, a finales de este mismo año.
Según la CorteIDH, es el proceso más participativo en la historia del tribunal, que ha recibido 262 observaciones escritas de 600 delegaciones, de las cuales 116 fueron escuchadas en las audiencias celebradas en Brasil.
